El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, enfrenta una moción de censura en el Congreso –que podría desembocar en su destitución–. Dicha moción fue presentada la noche del viernes y lleva firmas de parlamentarios de Perú Libre, Acción Popular, Partido Morado, Podemos Perú, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Avanza País y Juntos por el Perú. Como suele suceder en temas de política económica, la moción contiene imprecisiones y evidencia falta de conocimiento (Gestión 10/10/2024).
LEA TAMBIÉN: ¿Por qué la ciencia debe guiar los negocios?
Por ejemplo, responsabiliza a Arista por el aumento de la pobreza, respecto de la estimada para el 2022. Los informes anuales de pobreza monetaria que elabora el INEI –la moción se basa en data de esta entidad– contienen cifras del año previo. Eso que significa que el informe publicado en mayo pasado contiene cifras del 2023 y efectivamente muestran un mayor número de peruanos en situación de pobreza, respecto del 2022. Pero el 2023 (el año de la recesión), Arista no estaba al frente del MEF –recién entró en febrero pasado–. Se proyecta que el PBI del 2024 crecerá alrededor de 3%, de modo que es muy probable que la pobreza disminuya. ¿Quieren castigarlo porque la pobreza bajará?
LEA TAMBIÉN: Open Finance: Un reto tecnológico, regulatorio y comercial en la banca
También se le acusa de una presunta “incompetencia” por la paralización de obras en gobiernos regionales y locales. Pero el MEF no se encarga de la ejecución presupuestaria. Si bien tiene que supervisar el gasto, los responsables directos son los ministerios y sus agencias adscritas, así como los niveles de Gobierno citados por la moción. Lo curioso es que la inversión pública está creciendo a tasas bastante altas: el incremento acumulado en enero-agosto fue 31.3%, respecto del mismo periodo del año pasado, según data recopilada por el BCR. De nuevo, ¿quieren castigar a Arista porque hay más obras que el 2023?
LEA TAMBIÉN: Pesca: el largo camino hacia un futuro próspero y sostenible
Cabría preguntarse si la moción, junto con otra presentada por el congresista Diego Bazán (Renovación Popular), tiene por objetivo distraer la atención de la opinión pública y los medios, que hoy están focalizados en las protestas contra las extorsiones y el aumento de la delincuencia en general, pues desde todos los frentes se ha pedido al Congreso derogar la Ley 32108, la llamada “Ley del Crimen Organizado”. Otro motivo sería un intento por mejorar su bajísima aprobación.
LEA TAMBIÉN: Spreads crediticios a la baja: ¿Una señal de alarma?
Lo cierto es que la masificación de estas mociones, y las de interpelación, suponen un costo importante porque perjudican el trabajo de ministros y otros funcionarios, pues deben ocuparse de preparar su presentación ante el Congreso. Y ese costo los pagamos los contribuyentes.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.