La renta minera

En la actual campaña electoral, nuevamente está en debate cuántos recursos deja la actividad minera en el país. Un candidato ha planteado que del 100% de la utilidad solo queda el 30% y ha planteado que el Estado peruano se quede con el 70% o caso contrario la nacionalización de los recursos naturales.

Desde mi punto de vista, el contexto de lo que está en debate es el modelo económico. Mientras una candidata defiende el modelo tal como está, con muy pocos cambios, el otro candidato quiere arrojar el modelo por la ventana. Desde mi punto de vista, ninguna de las dos posiciones extremas es la correcta. El modelo económico ha asegurado que el Perú sea una estrella en lo macroeconómico, pero en lo social los indicadores si bien han avanzado no lo han hecho de manera suficiente, y en infraestructura tenemos unas brechas enormes que no hemos podido cerrar, particularmente en lo que respecta a las poblaciones de zonas en donde hay proyectos mineros, en donde los indicadores de acceso a agua, desagüe, electricidad y vivienda son absolutamente insuficientes. En este contexto, tenemos que preguntarnos si es la actividad minera la que va a resolver todos los problemas o si es parte del problema nada más.

En lo que se refiere al aporte de las empresas, habría que distinguir dos periodos: en el boom anterior (2003-2011) las regalías mineras no existían al principio, y cuando se crearon, a mediados del 2004, las grandes empresas que tenían contratos de estabilidad jurídica no empezaron a pagar regalías sino a partir del 2012 (en que entró en vigencia el Acuerdo Minero). Tampoco existía el Impuesto Especial a la Minería (IEM), que se crea justamente a partir del 2012. Este impuesto capta la sobreganancia minera. En el nuevo boom que se habría iniciado desde mediados del 2020 ya el Perú tiene un nuevo régimen minero de los más avanzados en el mundo: Impuesto a la Renta, regalía operativa e impuesto especial. En conjunto, estos tres impuestos más la participación de utilidades de los trabajadores hacen que el aporte de la minería sobre la utilidad esté en un rango entre 40% y 46%, que es el estándar internacional (40%-50%).

Un segundo aspecto a tener en cuenta es que la participación del Estado en la utilidad minera no se encuentra en los contratos. Los contratos no tienen la “distribución de la torta”. Esta distribución se determina a partir de las tasas del Impuesto a la Renta, de la regalía y del IEM. Estas tres tasas se aprueban mediante leyes del Congreso. Los contratos de estabilidad que concedían beneficios tributarios a las empresas mineras han terminado su vigencia. En el futuro cualquier cambio en los contratos requiere primero modificaciones de las leyes tributarias en el Congreso.

Un tercer aspecto tiene que ver con el papel de los gobiernos regionales y locales en la utilización de los recursos. Como se sabe el 50% del Impuesto a la Renta se distribuye entre los gobiernos regionales y locales donde se encuentran ubicados los yacimientos mineros. A esto se denomina canon minero. En los últimos 20 años los gobiernos regionales y locales han recibido cerca de 65,000 millones de soles por canon minero y por regalías. En un periodo más acotado, 2007-2020, para el que cuenta con datos de transferencias y gasto, de los 50,000 millones de soles transferidos se gastó cerca de 44 mil millones, es decir el 87.3%. De manera que contrario a lo que se cree el problema ya no es capacidad de gasto sino de calidad del gasto público. Muchas de las obras ejecutadas están atomizadas, han ido a “fierro, cemento y ladrillo”, pero no ha habido una estrategia de desarrollo sostenible de las comunidades, no se han cerrado las brechas básicas de vivienda, agua, desagüe, electricidad. En no pocos casos se han construido colegios, postas, cuando eso no era la competencia de los gobiernos locales y ahora tenemos “elefantes blancos” donde no hay maestros ni médicos. Se han desperdiciado recursos con proyectos incompletos en donde además ha habido mucha corrupción.

Las modificaciones que requiere el modelo, entonces, no están en la vía de deshacernos de él ni de mantenerlo sin cambios. Están en la vía de promover una mejora sustantiva de la calidad del gasto público, mejora que debe provenir, en primer lugar, desde el gobierno central. Una opción es “empaquetar” proyectos de saneamiento, agua, mejora de vivienda, caminos rurales y conectividad. El financiamiento de estos proyectos “empaquetados” debe estar a cargo de los tres niveles de gobierno, la licitación a cargo del gobierno central y la supervisión de la ejecución de las obras a cargo de los gobiernos regionales y locales.

Debemos pues optar por el camino de construir un mejor Estado que resuelva los problemas de los ciudadanos, no un Estado que estatice ni nacionalice, pero tampoco un Estado que renuncie a su rol y “privatice” los impuestos entregando dinero en efectivo a ciudadanos a los que no les hemos podido resolver sus condiciones básicas de vida, como escuchamos ayer en el primer debate de la segunda vuelta.