Sin institucionalidad no se avanza

Instituciones eficientes, transparentes y con el personal idóneo liderando su gestión, son el pilar fundamental para convertirnos en un país con desarrollo económico que nos permita reducir la pobreza y desigualdad de forma sostenida. Hay tantos libros, tesis, evidencias y estudios que demuestran la causalidad entre institucionalidad y crecimiento económico, que resulta increíble que construirla no sea un pilar de cualquier gobierno en desarrollo.

Institucionalidad supone varias cosas: reglas de juego claras, respeto de las normas, un servicio civil con meritocracia y estabilidad, una planificación ordenada que articule las distintas instancias de gobierno, entre otras. Todo esto permite tener mayor predictibilidad para la toma de decisiones, aspecto clave que impacta directamente en el crecimiento económico y en el bienestar de nuestra población.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la proyección de crecimiento para el año 2022 será entre 3.5% y 4%, lo que resulta insuficiente para reducir la pobreza de forma sostenida (6 a 8% de crecimiento anual recomendado). Además, hay que recordar que, por cada punto porcentual que no crecemos, se dejan de generar 120 mil empleos aproximadamente.

Hasta que no consigamos solucionar la falta de institucionalidad, ninguna medida de corto plazo, ni cambios de gabinete, ni políticas de Estado, serán suficiente para asegurar un desarrollo económico sostenido en nuestro país a favor de las poblaciones más pobres y con menos acceso a servicios públicos de calidad.

El 53.7% de la población considera que la gestión pública del Gobierno Regional es mala o muy mala. Incluso el órgano máximo de control del país, la Contraloría General de la República, sufre de una baja percepción de confianza por parte de la ciudadanía. La corrupción es percibida como uno de los principales problemas del país. Es urgente adoptar medidas para reforzar la menoscabada confianza en las instituciones.

Hemos sido testigos en los últimos años de cómo la coyuntura política –con intereses particulares, cortoplacistas y personales– ha generado una crisis de institucionalidad sin precedentes en nuestra historia republicana en todos los niveles de la administración pública.

Las consecuencias: inflación de 6.4% en Lima en 2021, retracción de la inversión privada que este año podría no registrar crecimiento, más de 2 600 obras paralizadas y grandes proyectos de infraestructura como Majes-Siguas II con riesgo de resolver contrato si no se firma la adenda, generación de empleo estancado pese a contar con proyectos con alto potencial de generación de puestos de trabajo como el Anillo Vial Periférico, etc.

Mientras más pérdida de institucionalidad, menos construimos, menos crecemos, y nos alejamos de la meta del desarrollo. La desconfianza es un círculo vicioso que debemos desterrar.

¿Qué hacer frente a esto?

Desde AFIN proponemos algunas medidas de implementación inmediata para el desarrollo de la institucionalidad en los temas relacionados con infraestructura y servicios públicos.

Primero, respetar la autonomía y profesionalismo de los organismos reguladores que hoy están en pleno proceso de elección de sus nuevas autoridades.

Segundo, brindar mayor estabilidad a las instancias ministeriales encargadas de la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de inversión en servicios públicos.

Tercero, fortalecer ProInversión, para otorgarle una mayor autonomía.

Cuarto, fortalecer los canales de denuncia y supervisión de casos de corrupción.

Quinto, generar en el Ministerio de Economía y Finanzas reglas más sencillas de planificación, adquisición y evaluación de proyectos, que permitan destrabar el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que en dos años de lanzamiento avanzó menos del 5% desde su creación y, en general, la ejecución de las inversiones programadas en todos los niveles de gobierno.

Sexto, volver a fortalecer el sistema de arbitraje que ha sido muy golpeado los últimos años y que no ofrece un sistema de resolución de conflictos eficaz y oportuno ante dirimencias.

El liderazgo debería asumirlo la Presidencia del Consejo de Ministros o el Ministerio de Economía y Finanzas, que son las carteras con mayor capacidad de coordinación interinstitucional. Si no se hace nada, seguiremos ahondando las brechas y defraudando las expectativas de millones de peruanos.