La contienda electoral está mostrando varias debilidades de nuestro sistema. Una preocupante es la capacidad ética de los aspirantes al Congreso y a la Presidencia. ¿Cómo es posible que los partidos políticos incluyan en sus listas a personas con procesos judiciales, condenas o trayectorias ética o moralmente cuestionables? ¿Por qué estas instituciones no filtran mejor a sus candidatos o parecen no pagar ningún costo? La respuesta no es moral, es económica.
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En política, como en los mercados, los actores responden a incentivos. Si postular a un candidato cuestionado genera más beneficios que costos reputacionales, la decisión es obvia. En democracias como las de Canadá o el Reino Unido, la ley electoral establece requisitos formales mínimos para ser candidato, como en el Perú.
El sistema electoral permite que los partidos internalicen beneficios electorales inmediatos sin asumir el costo de deteriorar la calidad de la representación. (Foto: Congreso)
Sin embargo, en las primeras, los partidos operan como “marcas políticas consolidadas”, con historia programática, identidad ideológica y estructuras internas de selección institucionalizadas. El principal filtro previo no lo impone el Estado: lo impone el propio partido. Postular a alguien impresentable no solo afecta a una candidatura local, sino que daña la reputación del partido. Cuando la marca es un activo estratégico, el partido tiene incentivos para protegerla.
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En el Perú, en cambio, muchos partidos funcionan más bien como vehículos electorales personalistas o territoriales. El partido evalúa racionalmente: ¿este candidato aporta votos, recursos o redes territoriales? Si la respuesta es sí y el sistema no impone costos significativos por postularlo, la inclusión es racional. En términos económicos, el partido internaliza el beneficio electoral inmediato, pero no asume plenamente el costo sistémico de deteriorar la calidad de la representación. Es una externalidad negativa clásica y, desde un enfoque regulatorio, una falla de diseño institucional.
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Las barreras legales son limitadas. El financiamiento público no está condicionado a estándares de integridad y los controles –tanto del JNE como de los propios partidos– han sido casi inexistentes, con respuestas tibias ante las denuncias. Algunos candidatos han propuesto reformas legales desde el Congreso, pero es la solución del “gato de despensero”. Podría pensarse en el uso de incentivos reputacionales que operen antes del cierre de las listas. La prensa ha cumplido un rol importante investigando antecedentes de candidatos, pero muchas de esas revelaciones ocurren cuando las listas ya no pueden modificarse.
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La información disponible podría aprovecharse mejor si se organizara de forma anticipada y comparativa, por ejemplo, mediante un índice público que evalúe el riesgo reputacional de cada lista propuesta antes de su cierre e incluya denuncias y condenas. Si la calidad de las listas se vuelve visible y comparable, la reputación también entra en competencia electoral entre los partidos. Asimismo, el financiamiento público podría vincularse progresivamente a estándares de integridad en la selección de candidatos. Estas son algunas otras propuestas que pueden evaluarse y no sustituyen reformas legales futuras, pero pueden elevar el costo de postular mal. Y cuando ese costo empieza a ser visible, los partidos –como cualquier organización– tienen mayores incentivos para cuidar su propia marca.
María Antonieta Merino es docente de las universidades del Pacífico y de Lima.
