Ante la reciente rotura del ducto del gas de Camisea no han faltado voces oportunistas que plantean la necesidad de “cambiar la matriz energética” o la nacionalización del gas. Urge aclarar las cosas.
Nuestra matriz energética es una de las más equilibradas y competitivas de América Latina. Combina generación hidroeléctrica, gas natural y un creciente desarrollo de energías renovables no convencionales, como eólica y solar. Esta combinación permite contar con electricidad relativamente limpia, con costos competitivos y con capacidad de abastecimiento suficiente para acompañar el dinamismo de la economía.
Hoy, esta disponibilidad de energía competitiva abre oportunidades concretas para nuevas industrias intensivas en electricidad. Un ejemplo claro es el creciente interés por instalar centros de datos (data centers) en el país, actividad que requiere energía confiable, abundante y a precios competitivos. En un contexto global donde la digitalización y la inteligencia artificial (IA) demandan cada vez más capacidad de procesamiento, contar con una matriz energética diversificada es una ventaja estratégica.
Por supuesto, nada de lo anterior implica que debamos minimizar lo ocurrido con el ducto de Camisea. La infraestructura energética es crítica y cualquier falla debe ser investigada con seriedad. Corresponde que las autoridades fiscalicen y, de ser el caso, sancionen conforme al marco legal vigente.
El verdadero desafío es fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura energética. Ello implica mejorar los sistemas de monitoreo, mantenimiento y prevención de fallas, así como avanzar en mayor redundancia y capacidad de respaldo en la red. El país necesita retomar con urgencia la exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos. Sin exploración no hay seguridad energética, ni transición energética ordenada.
La experiencia regional debería servirnos de advertencia. En países donde se optó por mayor intervención estatal o nacionalizaciones en el sector energético, los resultados han sido, en muchos casos, menor inversión, caída en la producción y deterioro de la infraestructura. Bolivia es un ejemplo claro de cómo decisiones políticas mal diseñadas pueden terminar afectando el desarrollo del propio sector energético.
El Perú, en cambio, tiene ejemplos positivos cuando ha apostado por esquemas que promueven la inversión privada con adecuada regulación. Sectores como electricidad y telecomunicaciones experimentaron mejoras notables en cobertura, calidad de servicio y desarrollo tecnológico tras las reformas de las últimas décadas. En contraste, sectores donde la provisión sigue siendo predominantemente pública, como el agua y saneamiento, muestran todavía brechas enormes en cobertura y calidad.
La lección es clara. El país no necesita improvisar cambios radicales en su matriz energética ni retroceder hacia esquemas estatistas que han fracasado en otros lugares. Necesita, más bien, fortalecer su institucionalidad regulatoria, garantizar la seguridad de su infraestructura y seguir promoviendo la inversión privada que ha permitido construir la matriz energética que hoy tenemos.
En energía, como en tantas otras áreas de la economía, las soluciones simplistas rara vez funcionan. El camino responsable es mejorar lo que ya hemos construido, no desmontarlo por razones coyunturales o electorales.
Jaime Dupuy es Director ejecutivo de Comex Perú
