Escribe: Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic
Las billeteras digitales son un éxito: Siete de cada diez peruanos adultos ya las utilizan en su vida diaria pues las encuentran útiles, fáciles de usar y seguras. Así, se han convertido en pocos años en una opción para transacciones eficientes y confiables, especialmente en los sectores C y D, contribuyendo así al crecimiento de la inclusión financiera (más del 60%). Sin embargo, en los últimos años, el avance de las organizaciones dedicadas a la extorsión y sicariato han puesto sus ojos en esta herramienta por su agilidad, usándolas para cobrar extorsiones y “cupos”, especialmente en el transporte y el comercio. Aunque las operaciones son registradas, al crearse identidades falsas o prestadas, la criminalidad logra dificultar la identificación, generando graves riesgos para los ciudadanos y empresas operadoras.
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El Congreso aprobó recientemente la Ley N° 32490 (03.11.2025), buscando un control más estricto de los flujos financieros, estableciendo reglas adicionales para las billeteras. Por un lado, exigen reforzar el monitoreo, la trazabilidad y la alerta de cuentas sospechosas, bajo la supervisión de la SBS. Asimismo, introduce la posibilidad de bloquear o “congelar preventivamente” operaciones vinculadas a delitos (sin proceso judicial), como herramienta de disuasión, una suerte de extinción de dominio de cuentas y billeteras. Adicionalmente, se ha presentado un proyecto de ley (13240/2025-CR), que exige implementar la función “aceptar o rechazar transferencias”, antes de cualquier abono, introduciendo más complejidad operativa.
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Si bien la finalidad es legítima, es fundamental que la respuesta del Estado para frenar las fuentes de financiamiento criminal no afecte la confianza en las billeteras y evite desalentar a los usuarios honestos, que son la gran mayoría. El proyecto, al obstaculizar las transferencias, aumentará el riesgo operacional, afectará la experiencia del usuario y podría generar una vuelta al efectivo.
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El reto de encontrar el equilibrio es muy grande. Ahora más que nunca, las empresas supervisadas deberán apoyarse en tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), sabiendo que la SBS les exigirá implementar su propio sistema de gestión de riesgos, mientras cumplen las exigencias mínimas de las nuevas normas. Asimismo, el “congelamiento preventivo” genera el riesgo de dar muchos “falsos positivos” y congestionar las operaciones, afectando transacciones legítimas y generando desconfianza, reclamos y daño reputacional. Si complejizamos la operatividad, un gran número de usuarios podría afectarse y enfrentar mayores riesgos. El remedio podría ser peor que la enfermedad.
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El enfoque central, en lugar de complejizar la operatividad de una herramienta tecnológica mal usada por la delincuencia, debería centrarse en fortalecer la coordinación entre los organismos de seguridad (PNP), de supervisión (SBS) y de inteligencia financiera (UIF), incluyendo a las autoridades de telecomunicaciones (MTC/Osiptel) y el apoyo de gremios y empresas privadas, para rastrear integralmente los circuitos financieros fraudulentos y desactivar a las organizaciones criminales.
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Encontrar ese adecuado equilibrio que preserve la seguridad, sin sacrificar la confianza ciudadana en esta potente herramienta de inclusión financiera y formalización, es el reto estratégico más grande que tenemos en las actuales circunstancias.
