
Una cifra me quedó dando vueltas tras conversar con el jefe de la Superintendencia del Mercado de Valores, durante el evento de mercado de capitales de Asobolsa y nuam en Colombia: según me indicó, apenas el 1.3% de la población peruana tendría una cuenta en ese mercado, frente al 10% en Chile. Queremos más peruanos que ahorren e inviertan y más emprendedores que puedan financiarse. ¿Los estamos preparando para hacerlo?
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Hablamos de inclusión financiera y visualizamos cuentas abiertas, canales y productos, ¿pero cuánto entiende el ciudadano de lo que le ofrecen? Puede abrir una cuenta desde su teléfono y tener dificultades para comparar dos créditos o evaluar el riesgo de una inversión.
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Parte del problema empieza en la escuela. Los resultados de PISA 2025 muestran que solo el 30% de los estudiantes peruanos alcanzó al menos el nivel básico en matemáticas y el 42% en lectura. Si cuesta interpretar un texto y hacer cálculos, también costará entender un contrato, una tasa de interés o cómo se acumula una deuda.
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Entre los adultos, el panorama tampoco tranquiliza. La Encuesta Nacional de Capacidades Financieras de la SBS y CAF encontró que, en el 2022, apenas el 13% tenía un nivel adecuado de educación financiera. El mercado ofrece servicios a personas que muchas veces carecen de herramientas para evaluar si les conviene.
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Se trata de asuntos cotidianos: entender que una cuota menor puede implicar un plazo más largo y un crédito más caro; calcular cuánto se puede ahorrar; desconfiar de una ganancia extraordinaria presentada como segura. Antes de comprar acciones, hay decisiones que comprometen el presupuesto de cada mes.
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El problema alcanza también a las empresas. El artículo que publicamos hoy sobre la encuesta de la SNI recoge una limitación de la industria: la dificultad para encontrar trabajadores con las competencias técnicas que necesita. La educación vuelve a aparecer como una tarea pendiente.
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Por eso preocupa que discutamos cómo ampliar el mercado financiero o elevar la productividad sin prestar suficiente atención a la formación de las personas. Ambas aspiraciones requieren aprendizajes que seguimos sin asegurar.
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Al Estado le corresponde garantizar que los alumnos aprendan. La infraestructura importa, pero el resultado debe verse dentro del aula. Y quienes ya salieron del colegio necesitan formación técnica y orientación financiera que puedan aplicar en su trabajo y en sus cuentas.
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Saber no resuelve la falta de ingresos ni elimina las barreras de acceso, pero ampliar las alternativas de ahorro e inversión sirve de poco si el ciudadano no entiende qué está contratando. La inclusión financiera necesita educación. Postergar esa tarea nos cuesta como ahorristas, como trabajadores y como país.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e).








