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La significativa caída del canon y regalías mineras para La Libertad, el principal productor de oro del país ha generado preocupación y desazón. Como se ha podido advertir en los últimos reportes del Ministerio de Energía y Minas, son S/74.6 millones en recursos los que la región norteña ha dejado de percibir al mes de junio, siendo un monto importante para el desarrollo de proyectos públicos para el Gobierno Regional, las provincias y distritos de esta región norteña.
No cabe duda de que esta caída es resultado de la expansión y predominio de las mafias que extraen el oro de manera ilegal y que vienen bloqueando las operaciones de Minera Poderosa, que es actualmente el principal productor de oro en el país. Un bloqueo donde se efectúan además secuestros, amedrentamientos y ataques a la población local y a los trabajadores de la minería formal y proveedores de servicios, sumado a todos aquellos problemas que generan estas mafias de crimen organizado: trata de personas, explotación infantil, contaminación, entre otros.
Preocupa el silencio de las autoridades del gobierno central frente a esta problemática que golpea a la región en circunstancias críticas. Y es que hoy más que nunca necesitamos recursos para la inversión pública y privada, para revertir los efectos de la crisis económica y generar empleo, además de acelerar el desarrollo de obras de infraestructura que mitiguen el impacto del fenómeno de El Niño Global.
Es importante recordar que La Libertad, con años de trabajo y desarrollo productivo, logró consolidar una práctica minera formal y responsable, con altos estándares de gestión ambiental, erradicando colectivos de minería ilegal en Huamachuco. En 2022, por ejemplo, La Libertad fue la región norteña que mayores transferencias logró por canon y regalías en todo el norte peruano, superando a Cajamarca, y registrando un crecimiento en transferencias del 30% en comparación al 2021.
Lo advertido por el MINEM constituye no sólo un golpe a nivel económico (que va a agravarse si no tomamos medidas urgentes) sino también un retroceso en el impulso de una minería sustentable y la erradicación de la ilegalidad extractiva. De igual manera, la expansión de estos grupos criminales pone en peligro la estabilidad de más de 22,000 puestos de trabajo directos y desincentivan la inversión en territorios potencialmente productivos.
La inseguridad ciudadana está llegando a niveles alarmantes y resulta imperativo recuperar la institucionalidad en las provincias liberteñas. Defendamos el derecho al trabajo seguro para los ciudadanos y promovamos una industria formal, que genera riqueza. No retrocedamos en lo que se ha logrado construir con el talento y compromiso de miles de peruanos.
