Socio de Hernández & Cía. y asociada senior de Hernández & Cía.
Hace unos días fue publicada la Ley Nº 31880 que delega al Poder Ejecutivo por 90 días, la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-niño global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.
El antecedente de esta norma es el último Mensaje a la Nación brindado por la Presidenta Dina Boluarte, donde solicitó al Congreso la delegación de facultades para legislar en temas tan variados como la seguridad nacional, la protección de la mujer contra casos de violencia, la gestión de riesgo con miras a los posibles desastres que podríamos enfrentar de cara a la ocurrencia del fenómeno del Niño Global.
En lo que respecta a las facultades concedidas en materia de infraestructura social y calidad de proyectos, éstas por un lado persiguen flexibilizar el marco regulatorio de las telecomunicaciones e incentivar proyectos regionales de banda ancha. Lo que se busca es establecer mecanismos diferenciados que permitan la creación y, sobre todo, la implementación de proyectos innovadores en lo que a Comunicaciones se refiere. La iniciativa es una necesidad vital para el sector y debe permitir el incremento de las velocidades de internet de banda ancha dentro de las propias instituciones públicas, por ejemplo.
Resaltamos la importancia de la modificación del Decreto Legislativo Nº 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, un área de vital importancia porque un gran número de ciudades y pueblos del Perú no cuentan con suficiente ni adecuada infraestructura de agua y saneamiento, lo que afecta directamente las condiciones de vida y salud de importantes sectores de la población. Se propone fortalecer al sector y permitirle implementar de una manera ágil, la cartera de proyectos con los que actualmente cuentan tanto Proinversión como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Dado que ambas entidades ya tienen identificados y/o encaminados los proyectos de saneamiento que se requieren para disminuir la brecha de infraestructura, esperamos que las modificaciones que se implementen coadyuven a este fin en el corto plazo, más aún de cara al posible fenómeno climático “El Niño Global” que cada vez que ocurre afecta especialmente los servicios de saneamiento.
En línea con lo anterior, se ha dispuesto la modificación de la Ley Nº 31015 que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, con el propósito de brindar cobertura de servicios de saneamiento en áreas rurales, para lo cual el MVCS empleará el Programa Nacional de Saneamiento Rural de forma excepcional y hasta fines de diciembre de 2026. Este programa se enfocará en la ejecución de proyectos de inversión que cuenten con opciones tecnológicas, hasta cuatro millones quinientos mil soles.
Por otro lado, se ha establecido la creación de un fideicomiso de titulización para el desarrollo del transporte y movilidad urbana en Lima y Callao. Esta medida a todas luces se encuentra directamente relacionada con los próximos proyectos de la Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima. Al parecer, el gobierno estaría buscando crear un novedoso esquema mediante el cual un grupo de proyectos sería aportado a un fideicomiso que emitiría notas o bonos titulizados -que serían adquiridas por inversionistas internacionales o locales- con plazos que deberían coincidir con los pagos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deba realizar a los concesionarios de dichos proyectos. Si bien la titulización o securitization ya se vienen utilizando para financiar proyectos, el tiempo dirá si los bancos e inversionistas se sienten igual o más seguros con este nuevo esquema (un fideicomiso con flujos de más de un proyecto) que con los tipos de financiamiento de proyectos individuales (“project bond” y otros) que se han venido utilizando con éxito en los últimos 20 años.
Otro aspecto a destacar de la Ley 31880 es la próxima creación de una entidad que brindará asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en lo que respecta a los proyectos de inversión. Creemos que asesorías o asistencias técnicas no resolverán las pobres capacidades de gestión de los gobiernos regionales y locales, dado que las decisiones importantes sobre esos proyectos no las tomarán los asesores sino las autoridades de dichos gobiernos, con todo lo que ello conlleva. En esa línea, creemos que más importante y urgente es impulsar la inversión privada, que en general tiene mejor capacidad de gestión que el sector público, así como el fortalecimiento de Proinversión y las Asociaciones Público Privadas para reducir la brecha de infraestructura.
