En poco más de un mes, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha revelado las cartas que permiten leer sus prioridades con algo más que declaraciones. La Política General de Gobierno (PGG) del 20 de agosto, la presentación del ministro de Economía, el pedido de facultades legislativas del 28 de agosto y la sustentación del proyecto de presupuesto 2027 en el Congreso de la República realizada la semana pasada. Leídos por separado, cada uno tiene su lógica. Leídos juntos, muestran un Gobierno que sabe con claridad qué quiere y con menos claridad con qué lo va a pagar.
Conviene partir por lo que sí calza. El ámbito con mayor coherencia es el de la gestión presupuestaria. El premier, Luis Galarreta, anuncia un enfoque que defina primero cuánto puede gastar el Estado, las facultades piden adecuar el sistema de presupuesto a ese enfoque descendente, el proyecto de presupuesto lo incorpora en sus artículos 46 a 50 y el ministro lo sustenta con un diagnóstico común. La reforma consiste en fijar un límite de gasto multianual compatible con las reglas fiscales y una línea de base con el costo de mantener los servicios existentes, de modo que las nuevas demandas de los pliegos solo se atiendan con el espacio que quede. El sustento es contundente. Entre 2021 y 2025 el Congreso aprobó 248 leyes con impacto fiscal adverso, cuatro veces el promedio previo, y el costo de las medidas de personal pasará de 0,3% del PBI en 2022 a 3,5% en 2027. Es la reforma de mayor alcance del paquete y la que menos atención recibirá, porque acota la iniciativa de gasto de los pliegos y del propio Congreso.
Algo similar ocurre con la infraestructura. Diecinueve de los 66 numerales de las facultades se concentran allí, transporte crece 16,5% en el presupuesto y reúne el 40% de la cartera de inversión, y el MEF añade una comisión de calidad de la inversión pública, que cubre el flanco que las facultades dejan abierto, pues estas habilitan despejar el terreno de las obras antes que mejorar cómo el Estado las decide. La salvedad es que el crecimiento de transporte se explica íntegramente por asignaciones sin producto, que suben un 139%, mientras los programas presupuestales caen un 11,8%. La función que más crece en inversión lo hace por la vía que no permite medir resultados.
La reforma penitenciaria completa el grupo. Es la medida que el premier desarrolló con mayor detalle, desde el uso de cuarteles en desuso hasta el bloqueo de señales en los penales, y se financia con S/ 539 millones en la función justicia, que crece 10,2%. Es más fácil ser consistente cuando la prioridad es barata.
El problema empieza donde el discurso pesa más que el presupuesto. La seguridad ciudadana es el primer eje de la PGG y la segunda materia con más sustento en las facultades. La función orden público cae 3,3% y su principal programa pierde S/ 384 millones, mientras defensa crece 25,3%. Puede tratarse de una decisión deliberada de trasladar capacidades a las Fuerzas Armadas. Lo que no se sostiene es anunciar metas para la Policía, desde la división de extorsiones hasta la videovigilancia con inteligencia artificial, y encargárselas a un sector que se contrae.
Vivienda y saneamiento es el caso más difícil de explicar. La PGG compromete 40.000 conexiones de agua y un plan nacional de drenaje pluvial, y las facultades dedican siete numerales a la materia. El presupuesto recorta vivienda en 32% y saneamiento en 30,1%, los dos ajustes más severos del proyecto, y la ley autoritativa sujeta cada decreto al presupuesto de su sector. El Ejecutivo pide facultades para legislar en un sector al que acaba de retirarle un tercio de sus recursos.
En el mercado laboral y de las mypes, la inconsistencia es de otro tipo. El diagnóstico coincide en los cuatro documentos, con una informalidad del 70% y una productividad equivalente al 27% de la OCDE. Los instrumentos se dispersan. Las facultades piden legislar sobre el régimen laboral y la formalización empresarial, mientras el MEF anuncia comisiones que recién identificarán las barreras; es decir, se pide autorización para reformar lo que todavía se va a estudiar. La medida de corto plazo del ministerio es el traslado de feriados, el numeral de menor calado del paquete. Y el aumento de la remuneración mínima con bono a las mypes no aparece en la PGG, en la presentación del MEF ni en un presupuesto donde la función trabajo cae en 25,3%.
Queda una tensión de fondo. El presupuesto se formula sobre las reglas vigentes, con un déficit de 1,4% del PBI y una deuda de 29,3% para 2027, pero el MEF anunció el 7 de agosto que elevaría ambos techos. El Gobierno pide al Congreso que apruebe un presupuesto que su propio ministro ya anunció que va a modificar. Hasta que eso se resuelva, toda lectura de consistencia es provisional.
Por ahora, hay consistencia donde el Gobierno pretende reformar la manera en que el Estado decide su gasto y donde apuesta por la inversión. La hay menos donde las prioridades declaradas dependen de sectores cuyo presupuesto se reduce. Entre octubre y diciembre, el Congreso tiene la oportunidad de alinear lo que hoy no lo está, y el Gobierno la de explicar si los recortes en seguridad, vivienda y saneamiento responden a la ejecución observada o a una decisión de prioridad. Las consecuencias son distintas y el país tiene derecho a saber cuál de las dos es.
Luis Miguel Castilla es presidente de Hágase Instituto
