Accesibilidad a Internet en el Perú Rural

Un error común en el que suele incurrir el diseño de políticas públicas en el sector de telecomunicaciones, consiste en pretender que la satisfacción de necesidades de la población se puede alcanzar de manera exclusiva y “automática” con la construcción de nueva infraestructura. Sin duda, resulta indispensable atender el déficit de antenas, conexiones de fibra óptica, redes de transporte, entre otros factores de oferta; sin embargo, la evidencia muestra que en determinadas zonas del país, particularmente, en las áreas rurales, ello si bien es una condición necesaria, no resulta suficiente.

Según la encuesta Erestel (OSIPTEL, 2021), el 50% de los jefes de hogar en zonas rurales declaran no utilizar internet. Al consultársele sobre las razones de ello, un 39.9% respondió no saber utilizar internet, un 23.3% indicó no requerir del servicio, un 6% declaró no verle utilidad y un 5.9% no estar interesado. Por cierto, una proporción no menor (13%) hace referencia a la no disponibilidad del servicio en la zona o que este es muy caro (4.6%); sin embargo, el resto de respuestas revela que las brechas en las zonas rurales van más allá de la cobertura de servicios o las condiciones económicas vinculadas a dicho acceso.

Esta información explica por qué apelar a las respuestas regulatorias clásicas, como una reducción en las tarifas de los servicios, no se traduciría automáticamente en una disminución de las brechas de acceso a internet. Tampoco el diseño de proyectos centrados exclusivamente en la disponibilidad de infraestructura (como los tradicionales modelos de FITEL). Resulta necesario desplegar acciones complementarias que se dirijan a cubrir los déficits de capacidades existentes. Por ejemplo, es imprescindible la introducción de estrategias educativas que planteen el uso de herramientas de tecnologías de la información (TIC) desde el inicio de la educación escolar. También es importante asignar recursos a proyectos que fortalezcan la prestación de servicios de tele-educación, la tele-salud o servicios públicos (e-government) y que atiendan necesidades esenciales de la población en estas zonas. Ello permitiría “crear demanda” por conectividad de internet y de este modo garantizar la sostenibilidad y continuidad de estos proyectos en el mediano plazo (objetivo original de la llamada “Rednace” incluida en la Ley 29904, pero que hasta la fecha no ha tenido los resultados esperados). En este punto es necesaria la articulación de las distintas entidades del Estado, para el aprovechamiento de sinergias y economías de ámbito en el uso de infraestructura común.

Sin políticas de demanda que “acompañen” el despliegue de infraestructura, difícilmente se logrará cerrar la brecha digital en las zonas rurales y más pobres del país.

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