Francisco Medina
Francisco Medina, gerente de Asuntos Corporativos de Summa Gold.
De cara a Fiestas Patrias y al discurso presidencial, siempre hay diversas expectativas por los anuncios que podría emitir el presidente de turno. En lo que respecta al sector minería, si bien se esperan medidas para potenciar la caída continua de las inversiones, hay un tema que no puede ser dejado de lado: la minería ilegal que viene depredando los bosques amazónicos y que además ha venido ganando terreno en la sierra norte del Perú.
En el distrito de Pataz (La Libertad), por ejemplo, mineros ilegales han impuesto prácticas inhumanas: la trata de personas, el trabajo infantil, la depredación ambiental y la contaminación de los ríos (ya advertida por el SEDALIB) son las consecuencias más visibles de este flagelo que está cobrando la vida de personas y poniendo en peligro la salud y el bienestar de toda una población.
Entre junio y julio, el Gobierno Regional junto al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú desarrollaron operativos, con más de 300 policías, identificando equipos utilizados por los mineros ilegales, además de terrenos ya depredados. Pero a la fecha, ningún detenido ha sido dado a conocer por las autoridades. Es evidente que las mafias dedicadas a depredar nuestro territorio están en movimiento continuo, entre los distritos de Porcoy, Pataz y Huamachuco, refugiándose en las alturas de los cerros y escondiéndose de las fuerzas del orden, aprovechando la ausencia del Estado en estos territorios de la sierra liberteña.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ya ha advertido la presencia de bandas delictivas conocidas como ‘los parqueros’. Se trata de bandas, muchas de origen extranjero, que no sólo buscan tomar control de zonas aisladas, sino que además vienen obstaculizando el acceso a las minas formales, violentando las vías de acceso y atacando a los mismos trabajadores. Este escenario constituye una verdadera violación contra los derechos humanos.
La fiscalización, los operativos y las interdicciones, sumado con la promoción de una actividad minera formal, con altos estándares productivos, contribuyó a que las prácticas ilegales en estas zonas del país disminuyeran considerablemente, logrando incluso erradicarlas en zonas como Huamachuco. Sin embargo, hay un nuevo empoderamiento de los mineros ilegales que pone en riesgo todo lo que se ha podido avanzar en estos años.
La política del expresidente Castillo, que lejos de establecer el orden en la pequeña minería defendió la misma sin un orden claro (incluso desde su plan de gobierno), ha significado un retraso en la lucha contra la ilegalidad. Es necesario que las autoridades de turno definan un plan de acción para desarticular estas mafias y defiendan el bienestar y los derechos de todos los peruanos. No habría mejor homenaje a la patria que defender su institucionalidad, valorar sus recursos naturales y priorizar el bienestar de los peruanos.