Gestión está publicando una serie de informes acerca de las propuestas de los partidos que compiten por la presidencia de la República (y por escaños en el Congreso bicameral). Los temas cubiertos hasta ahora incluyen generación de empleo (31/12/2026), Petroperú (9 de enero), infraestructura (15 de enero) y ministerios (16 de enero). Los dos últimos están ligados, pues las grandes obras están en su mayoría bajo el ámbito de carteras como Transportes, Vivienda, Salud, etc. Además, ProInversión, la agencia que promueve el grueso de las megaobras, está adscrita al MEF.
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Como ocurre en todas las campañas electorales en el país, sobre todo en las presidenciales, las promesas de grandes obras son abundantes. La carencia de los ofrecimientos está en las fuentes del financiamiento que será necesario para construirlas y administrarlas. Figuran proyectos puntuales, harto conocidos porque llevan años –incluso décadas– en las listas de inversión pública de los sucesivos gobiernos, pero también aparecen “corredores logísticos integrados” y más proyectos ferroviarios que en campañas previas.
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La mayoría de candidatos se ampara en el esquema APP (asociación público-privada), quizás porque está de moda, aunque habría que precisar que sí requieren el uso de recursos estatales, ya sea porque pueden ser cofinanciados o sujetos a retribución por inversiones. Además, hay que tener en cuenta el uso de fondos públicos en aspectos como levantamiento de interferencias –por ejemplo, expropiación de terrenos–. El esquema que sí implica un componente estatal casi total es el G2G (Gobierno a Gobierno), que es muy similar al de obra pública, salvo que su gestión está a cargo de otro Gobierno, más eficiente en ejecución presupuestaria.
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¿Acaso los candidatos presidenciales y sus equipos de campaña ignoran las estrecheces de disponibilidad de fondos estatales, la cual se profundizará en el mediano plazo? La principal causa de esa reducción de dinero para inversión pública es la “generosidad” del Congreso con sus leyes sin sustento técnico que están elevando el gasto corriente. Y muchos aspirantes presidenciales tienen bancadas que votaron a favor de esas leyes.
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Cabe resaltar que las obras más numerosas se ubican en la costa –como el tren Tumbes-Tacna–. Esto evidencia el carácter electorero de estos planes, pues según el INEI, el 59% de la población reside en esa región natural, lo que se traduce en un mayor número de votantes que es imperativo convencer. El 26.8% habita en la sierra y el 14.2%, en la selva. Para los candidatos, eso implicaría promesas menos costosas.
