Imaginemos un edificio de dieciocho pisos donde solo seis tienen columnas de concreto. Los otros doce se sostienen con alambre, buena voluntad y la esperanza de que no tiemble. Ese edificio es el mercado laboral peruano, los dieciocho millones de trabajadores.
Un país donde siete de cada diez trabajadores operan en la informalidad no tiene el lujo de elegir a su próximo presidente por simpatía o promesas. Solo uno de cada cinco peruanos cuenta con una cobertura de protección social completa (salud, pensión y protección frente al desempleo). El subempleo por ingresos afecta a cerca del 40% de los ocupados y más de 4 millones de jóvenes enfrentan tasas de desempleo que duplican el promedio nacional. No estamos ante una grieta en la pared que se tapa con masilla electoral cada cinco años; estamos ante una falla geológica que atraviesa todo el país y que se profundiza en cada elección.
Ante la magnitud de los desafíos, se esperaba que los partidos presenten propuestas laborales técnicamente sustentadas y políticamente valientes. Lamentablemente, la evidencia indica lo contrario. Un reciente estudio de Horizonte Laboral, basado en la revisión sistemática de los planes de gobierno registrados ante el Jurado Nacional de Elecciones, revela un hallazgo contundente: ninguno de los partidos aborda de manera directa los problemas estructurales que explican la informalidad masiva del país. (ver Gestión del 13.03.2026).
El informe evaluó los planes de gobierno en función de cuatro dimensiones: cantidad de propuestas laborales, doce ejes temáticos priorizados, claridad técnica e impacto potencial. Los resultados son desalentadores: predominan propuestas superficiales o de impacto incierto, mientras que las iniciativas técnicamente sólidas son muy escasas. El análisis identificó doce ejes temáticos prioritarios con los problemas más críticos: desde el crecimiento empresarial y la protección social hasta la fiscalización, la regulación, la brecha entre educación y productividad, y la rigidez en la contratación.
Hay hallazgos que bordean lo irónico. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores, pese a su denominación, presenta apenas una propuesta laboral. Y aunque los partidos de izquierda se concentran en protección social, y los de derecha en productividad empresarial, las debilidades son transversales: propuestas declarativas sin instrumentos concretos u omisiones en temas distributivos de fondo.
Si los candidatos presidenciales ofrecen recetas genéricas, el Congreso saliente directamente prendió fuego a la cocina. En plena campaña electoral, el Parlamento se ha convertido en un bazar de fin de temporada donde todo se liquida —con cargo a la tarjeta de crédito del contribuyente— y nadie pregunta quién paga la cuenta. Según el Consejo Fiscal, solo en las últimas tres sesiones plenarias del mes de marzo de 2026, el Congreso aprobó once normas que generan obligaciones fiscales permanentes.
La nivelación de las pensiones de maestros, el otorgamiento de beneficios laborales completos a los trabajadores del régimen CAS y la modificación del régimen pensionario militar y policial sumaría aproximadamente S/ 11,400 millones en total, que equivalen a 8.6 veces el presupuesto de Pensión 65 o 3 veces el presupuesto para combatir la desnutrición infantil.
El Consejo Fiscal ha advertido que tanto el Congreso como el Ejecutivo estarían incumpliendo el marco legal que prohíbe expresamente aprobar medidas que aumenten el gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año electoral. Sin embargo, el Ejecutivo no ha observado las leyes. Todo se aprueba bajo la lógica del rédito político inmediato, sin evaluar los efectos de mediano y largo plazo sobre la sostenibilidad fiscal, la deuda pública y el espacio fiscal disponible. El resultado es una carrera de postas donde cada Congreso le pasa al siguiente no una antorcha, sino una granada sin seguro.
A estas grietas fiscales se suma un sistema previsional que fue desmantelado pieza por pieza, como quien desarma el motor de un avión en pleno vuelo. Los ocho retiros de pensión han dejado sin jubilación al 85% de los afiliados al sistema privado. Las familias quedaron más expuestas que antes a la vejez, la enfermedad y el desempleo.
Ningún directorio serio contrataría a un gerente general porque tiene bonita sonrisa, habla con convicción o promete duplicar las ventas sin presentar un plan de negocios. Le pedirían evidencias, análisis de riesgo, hojas de vida verificables y referencias. Le harían preguntas incómodas. Los 25 millones de peruanos debemos elegir al presidente con mucho rigor, tanto como si fuéramos a contratar al gerente general de nuestra empresa.
El Perú necesita un liderazgo que entienda que la informalidad no se resuelve con normas y que el gasto público sin financiamiento no es generosidad: es firmar cheques sin fondos con la chequera del país. La cédula de sufragio no es una encuesta de popularidad ni un “like” en redes sociales. Es el instrumento de gestión más poderoso que tenemos los ciudadanos. Este 12 de abril, leamos la letra chica antes de firmar. Porque las últimas veces que no lo hicimos, la factura todavía la estamos pagando.
Jorge Toyama Miyagusuku es socio de Vinatea & Toyama
