Escribe: Ricardo Valcárcel, analista económico.
Algunas organizaciones transnacionales formales son criminales, así se pongan una careta empresarial. Odebrecht es el caso más patente para los peruanos. Esta empresa constructora brasileña ha actuado corruptamente en todo el continente americano. Su modo de operación principal fueron las coimas y sobornos a los altos funcionarios de cada gobierno.
Tejió un entramado en todos los poderes del Estado, aliado con muchas empresas locales, para ganar obras sobrevaluadas y así obtener ganancias cuantiosas e ilícitas. Aún se recuerda al ministro de Justicia, Daniel Figallo, en el gobierno de Ollanta Humala, expresando a la procuradora Yeni Vilcatoma “tú no sabes quién es Odebrecht, pone y saca presidentes, cuidado no despiertes a los leones”.
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Lo antedicho, es una pequeña muestra de que, en el presente siglo, el poder para dirigir un país ha variado. Ya ello no es exclusivo del gobierno de turno, hoy el poder lo viene compartiendo con las corporaciones transnacionales. La globalización tiene este efecto colateral negativo, por la interconexión económica, financiera, comercial y tecnológica que se ha desarrollado.
Muchas compañías transnacionales han crecido enormemente, de tal forma que influyen categóricamente en la economía y la política de muchos países. Tienen el poder para moldear la legislación y para intervenir en las decisiones importantes de un país, para su propio beneficio lucrativo.
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Por ejemplo, para conseguir esa ventaja rentable, presionan para participar en las políticas de inversión extranjera directa. Hasta países importantes como India, China y México han adecuado sus reglas para atraer inversiones. Tesla en China es un modelo de tal conducta.
También, gigantescas empresas como Microsoft, Apple y Google han logrado cambios en varios países sobre las políticas de propiedad intelectual y regulaciones concernientes a la tecnología.
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Varias empresas inmensas en el sector energía y minería han forzado a gobiernos, para que ajusten sus políticas ambientales y sobre el uso de sus recursos naturales. La necesidad de un país tiene cara de hereje y suele brindar concesiones, a veces desmedidas, que provocan conflictos sociales.
Algo similar sucede en el comercio mundial, empresas globales como Amazon, Samsung, Alibaba, Wal-Mart han influido para cambiar a su favor las políticas comerciales de muchos países, especialmente en los aranceles de importación y exportación.
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Algo, a veces bochornoso, ocurre similarmente con las transnacionales farmacéuticas. No sólo es la influencia en las políticas de salud a su favor, como en las patentes y en las regulaciones de pruebas clínicas, sino también en los precios y acceso a muchos medicamentos.
Por otra parte tenemos a las trasnacionales criminales informales. Hace una semana, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. sancionó al Tren de Aragua, con el bloqueo de los bienes de las personas ligadas a dicha organización.
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Esta corporación delictiva, con sede original en Venezuela, se ha expandido por todo el hemisferio occidental. Actúa conocidamente en Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil y Perú, pero tiene ramificaciones ya emplazadas en toda América.
Esta megabanda comete todo tipo de crímenes, con mucha violencia. En dos décadas de operación ha dominado muchas ciudades con tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos, extorsiones, secuestros, asesinatos, tráfico sexual, contrabando, adaptando sus transgresiones y abusos en cada país según las debilidades de sus autoridades para combatirlas.
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Similarmente al Tren de Aragua, hay otras transnacionales criminales como el Cartel de Sinaloa de base mexicana, el Primer Comando de la Capital y el Comando Rojo de procedencia brasileña, y la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera a nivel mundial.
El poder gubernamental se resquebraja con estas transnacionales criminales pues corrompen a las autoridades, quienes actúan como cómplices de sus delitos. Y si encuentran obstáculos a sus actos criminales, amenazan o atentan contra quienes se les interponen. Así, de una u otra forma, consiguen impunidad y libertad en su accionar infame.
En resumen, actualmente los gobiernos, en mayor o menor medida, comparten el poder con las entidades transnacionales formales e informales. Tal situación lo pagamos con la tuya y con la mía, con sobrecostos de obras públicas, mayores gastos para protección personal, o por el impacto en precios por los gastos que la cadena comercial gasta en su resguardo.
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