Solicitud peligrosa

CONTROL DE PRECIOS. Durante su presentación ante el Congreso, el superintendente de Susalud, Juan Carlos Velasco, solicitó apoyo para que su institución se convierta en el organismo regulador que en materia de salud “falta en el país”. El pedido no debería causar sorpresa si no viniera acompañado de otro comentario que debe ser tomado con pinzas.

Velasco afirmó que “cuando hablamos de precios, Susalud no los ve, porque no es un órgano regulador. Justamente, estamos pidiendo que se convierta en órgano regulador y ahí se puede tener ese brazo para poder verlos”.

¿Por qué es peligroso el comentario? Porque incluso antes del inicio de la pandemia siempre existieron algunos políticos interesados en que se regularan los precios de los servicios que prestan las clínicas –al igual que se ha planteado el control de precios en otros sectores–, una medida pensada en el corto plazo, más con la intención de captar votos que analizando el impacto de mediano y largo plazo que tendría en la ciudadanía.

Así es, y más allá de señalar que el Perú vive en una economía de libre mercado donde es el prestador del servicio el que fija el precio, lo cierto es que el país ya ha pasado por esta experiencia. En 1985 la aplicación de “precios únicos” generó que se pagara sobreprecio por casi todo, desde el pan hasta el dólar, y es que estas decisiones generan especulación y corrupción, perjudicando a los supuestos beneficiarios: los consumidores, en especial los que perciben menores ingresos.

Un ejemplo más cercano es la reciente decisión de fijar topes a las tasas de interés para los créditos de consumo y para mypes, la cual ha terminado encareciendo los créditos, generando que un 50% menos de personas y empresas puedan acceder a ellos.

Es cierto que en materia de salud es indispensable que todos los ciudadanos puedan acceder a un servicio de calidad sin que lograrlo represente una carga económica inmanejable, pero lo que le corresponde al Estado es brindar ese servicio de manera gratuita o a un bajo costo y establecer medidas de emergencia para que, en casos de necesidad pública, los servicios privados estén a disposición de todas las personas, pero tratar de fijar los precios de estos servicios en una situación “normal” terminaría perjudicando al porcentaje de peruanos que hoy acude a estos centros, pues establecer un precio sin tener en cuenta la estructura de costos podría generar el cierre de algunas clínicas o la reducción en la calidad de los servicios.

Es indispensable una entidad que supervise, fiscalice y sancione a empresas del sector salud, pero sin que el fantasma del control de precios esté presente.