Sin planes a la vista

TRIBUTACIÓN. Uno de los factores importantes para la recuperación económica es la política tributaria, pero lamentablemente los candidatos no han sido pródigos al explicar en sus planes de gobierno cuáles serán las líneas rectoras de la misma.

Sin embargo, si sus declaraciones y el comportamiento de sus actuales parlamentarios sirven para dar una idea de sus planes queda claro que las opciones serán continuar otorgando incentivos económicos, que por lo general van de la mano con beneficios tributarios, como ha sucedido con la reciente aprobación de una exoneración del IR a los productos orgánicos en la Comisión Agraria del Congreso.

Este comportamiento parece olvidar que una de las discusiones de los últimos años es sobre la conveniencia o no de otorgar nuevos beneficios tributarios, y la utilidad de los existentes, siendo la tendencia hacia la eliminación gradual de aquellas que no justifiquen su permanencia y eliminar casi por completo su uso en favor de otros mecanismos de apoyo directo que no genere distorsiones.

Ya durante el gobierno de Ollanta Humala se modificó la Norma VII del Código Tributario, estableciendo que las normas que otorguen beneficios tributarios requieren de un informe previo del MEF, deberán señalar de manera clara y detallada el objetivo de la medida, los beneficiarios y el plazo de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, el cual no podrá exceder de tres años. Solo por detallar algunos de los requisitos que los parlamentarios parecen no tener en cuenta.

Es más, al inicio del gobierno de PPK el Ejecutivo solicitó facultades delegadas para “racionalizar” los beneficios tributarios existentes, que según cálculos del MEF en ese momento (2017) ascendían a S/ 16,498 millones. Sin embargo, el Congreso denegó esa facultad y se comprometió a trabajar ellos directamente y evaluar la pertinencia de dichos beneficios, algo que nunca ocurrió.

No cabe duda que es más sencillo ofrecer reducción de impuestos que sustentar la eliminación de los beneficios. Lo segundo requiere conversar con la población y explicarles en términos sencillos qué es lo más efectivo para ellos. Pero al plantear este tipo de medidas se olvidan que incluso el Tribunal Constitucional ya precisó que dado que “rompen” con la regla general “de contribuir”, su uso debe responder a políticas y objetivos concretos que tengan una justificación de orden constitucional y el beneficio debe ser necesario, idóneo y proporcional. ¿Lo podrán recordar el próximo gobierno y su Congreso?