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La denegatoria de la renovación del puesto del economista Carlos Oliva como miembro en el Consejo Fiscal (CF) genera más dudas sobre el criterio que el Gobierno sigue al momento de designar funcionarios y de descartar a los que sí cumplen con el rol que les ha sido asignado.
El trabajo del CF, basado en criterios técnicos, ha generado incomodidades. El enfrentamiento más conocido ha sido el que tuvo con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
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En más de una oportunidad, e incluso sustentado con un informe, el CF advirtió un importante riesgo de sobreendeudamiento si es que la MML concretaba su plan de tomar deuda por S/ 4,000 millones, algo que incluso había sido alertado por la Contraloría y que podría alcanzar hasta a cinco administraciones ediles en el futuro.
El MEF, tomando en cuenta la recomendación del CF, puso límites a la capacidad de endeudamiento de la MML. El alcalde Rafael López Aliaga las deshizo con una ordenanza. Esto generó una agria disputa que no ha cesado.
En los últimos meses, el CF ha cuestionado, dentro de sus competencias, también las decisiones del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Ha hecho un trabajo técnico y es una de las pocas entidades que cumple con el trabajo que se le ha encargado.
Se supo que Oliva habría contado con el respaldo de los ministros de Economía y Finanzas José Arista y anteriormente por Alex Contreras. Sin embargo, la última palabra la tenía la presidencia de la República, que finalmente habría optado por no mantenerlo en el cargo.
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Ayer Arista dijo que el periodo de Oliva terminó en diciembre del año pasado y que “por un proceso de renovación natural, no ha sido considerado para un segundo periodo de tres años porque dentro del Consejo Fiscal existen muy buenos profesionales”.
Pese a esto último, que es cierto, resulta inexplicable, al menos por razones técnicas, el no mantener a Oliva como parte del CF. El Gobierno tiene que entender que estas decisiones solo menoscaban la credibilidad que tiene ante la opinión pública y generan incertidumbre ante los actores económicos. Más bien, podría tomar de buena manera las recomendaciones de los entidades especializadas y ocuparse de concretar un plan de reactivación económica.
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