La respuesta del Gobierno frente a la escalada de violencia, extorsión y crimen organizado en el transporte público combina algunos aciertos técnicos con decisiones de alcance limitado. Las normas aprobadas hace unos días incluyen herramientas que podrían tener efectos reales si se aplican con disciplina y continuidad, pero también incorporan medidas diseñadas más para mostrar reacción que para alterar el funcionamiento de organizaciones criminales que hoy operan con control territorial y lógica empresarial.
Entre las iniciativas con mayor potencial está el refuerzo de la persecución financiera de la extorsión. El involucramiento de la SBS, la UIF y el cruce más ágil de información con la Policía apuntan al núcleo del problema: la extorsión es una actividad económica sostenida. Reducir su rentabilidad afecta la capacidad operativa de las bandas, siempre que las investigaciones no se queden en intermediarios y avancen hacia quienes controlan los flujos de dinero. En la misma línea, el uso de mapas del delito y el patrullaje focalizado corrige una falla importante: el despliegue policial sin inteligencia previa. La extorsión no es aleatoria; responde a territorios, rutas y horarios específicos.
También es relevante el énfasis en la extinción de dominio. Aunque sus resultados no son inmediatos, es uno de los pocos instrumentos capaces de debilitar estructuras criminales más allá de detenciones puntuales. Su eficacia, sin embargo, depende de una decisión política sostenida y de un sistema judicial dispuesto a asumir procesos largos y complejos. Además, exige revertir plenamente los despropósitos congresales que limitaron esta herramienta el año pasado.
Otras medidas tienen un impacto claramente secundario. El botón de pánico, la videovigilancia o los canales de orientación a víctimas pueden mejorar la respuesta ante emergencias, pero no previenen la extorsión ni recuperan territorios dominados por el crimen. Las soluciones de adaptación, como las rutas provisionales o los fondos de recuperación económica, alivian consecuencias sin alterar las causas. En contextos de violencia persistente, estas respuestas corren el riesgo de normalizar la convivencia con el delito.
En paralelo, el deterioro político del presidente José Jerí debilita la capacidad del Ejecutivo para liderar esta agenda. Sus reuniones no oficiales con empresarios chinos, más allá de su eventual relevancia penal, han erosionado su autoridad en un momento crítico y mantienen ocupados a los voceros del Gobierno en una defensa política insostenible. Un Gobierno que busca afirmar control frente al crimen organizado no puede permitirse opacidad ni explicaciones defensivas.
La seguridad no depende solo de normas bien diseñadas, sino de liderazgo creíble para ejecutarlas. Sin esa base, incluso las medidas técnicamente correctas pierden eficacia antes de llegar al terreno.
