Existe un preocupante vacío en cargos económicos clave del Ejecutivo. Si bien algunos casos no son responsabilidad exclusiva del MEF, sí inciden directamente en el planeamiento y la ejecución de la política económica. Ya sea por renuncias súbitas –lo que genera sospechas–, parsimonia para designar reemplazos y hasta posibles vendettas personales, estos puestos vacantes perjudican la gestión de sectores claves como política fiscal, estadísticas nacionales, telecomunicaciones y producción petrolera.
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El 10 de septiembre, el MEF aceptó la renuncia de la viceministra de Hacienda, Betty Sotelo, y encargó ese despacho al viceministro de Economía, Carlos González. Sotelo asumió el cargo en febrero pasado, a pocos días del nombramiento de José Arista como titular del MEF, o sea que apenas duró siete meses, aunque su antecesor apenas estuvo un mes. Sotelo ya había desempeñado el mismo rol en tres ocasiones anteriores (2018, 2020 y 2022), de modo que la falta de experiencia no habría sido el motivo de su salida.
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Además de la alta rotación que está sufriendo el Viceministerio de Hacienda, hoy se encuentra descabezado en pleno debate del proyecto de Ley del Presupuesto Público 2025, y dado que ese debate tiene lugar en el Congreso, se necesita contrarrestar con argumentos técnicos los despropósitos de parlamentarios que exigen más recursos sin tener en cuenta que los ingresos fiscales no alcanzan. Y pensar que el MEF fue muy rápido en reemplazar al jefe de la Sunat.
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El mismo día de la salida de Sotelo, renunció el Directorio de Petroperú, debido al poco interés del Gobierno para atender sus alertas. Hasta hoy, no se nombra a los nuevos directores –la responsabilidad recae en el MEF y el Ministerio de Energía y Minas–. Al parecer, los únicos interesados en integrar el directorio serían personas que optarían por mantener el statu quo.
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Los últimos dos casos corresponden a la PCM. En marzo, concluyó el periodo de Dante Carhuavilca al frente del INEI y, recién en agosto, la PCM inició el proceso de selección de su reemplazo. Hay un jefe interino, que es más susceptible de intromisiones. Al respecto, la poca difusión de las cifras de pobreza y la demora en publicar el informe de precios de septiembre generan suspicacias. Por último, figura el “castigo” al presidente de Osiptel, Rafael Muente. La PCM lo ha suspendido por un año, sin goce de haberes, por haber usado dinero público para una capacitación. Aparte que el Osiptel goza de autonomía operativa, ¿habrá que suspender a todos los funcionarios que se capacitan con fondos del tesoro?
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