Ha causado sorpresa la mejora de las perspectivas del Perú realizada por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings: de “negativa” a “estable”. Esta misma decisión fue tomada en septiembre por Moody’s, de modo que las tres más influyentes (la otra es S&P Global Ratings) ahora coinciden. Sin embargo, la realidad muestra que la situación económica, social y política no está nada estable, y que tampoco lo estarán en el futuro cercano si no se encuentran soluciones a los graves problemas estructurales que padecemos.
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Por ejemplo, la noticia de Fitch figuró en la portada de Gestión del miércoles pasado, pero el titular principal fue un dato de un estudio de MiBanco e Ipsos: el 39% de negocios ve a la delincuencia como la principal barrera para crecer. No se trata de un tema coyuntural, sino de una amenaza que, debido a la ineptitud de las autoridades y la debilitación de la legislación que penaliza el crimen organizado y las actividades ilegales, se ha ido intensificando. El informe de Fitch menciona el crimen como un riesgo fiscal –en caso se necesite gastar más de lo esperado para abordarlo–, y nada más. El de Moody’s, no lo menciona.
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Fitch considera que la volatilidad política del país se ha reducido y que no existe presión de una renovada agitación social. ¿Se habrán confundido de país? Las protestas en contra del Gobierno y el Congreso por el pésimo manejo de la seguridad ciudadana han generado miles de millones de dólares en pérdidas, sobre todo para los pequeños y microempresarios que son víctimas de extorsión, secuestros y otros crímenes. La agitación social está tan presente que el Gobierno de Dina Boluarte se vio obligado a declarar no laborable los días de las reuniones clave de la semana de líderes de APEC, a fin de evitar manifestaciones en Lima.
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Por otro lado, tanto Moody’s como Fitch consideraron positivo el apoyo financiero decretado por el Gobierno para Petroperú en septiembre. Lo que no habrían tomado en cuenta sería la incertidumbre en torno al manejo de la petrolera estatal, de modo que sería interesante que se pronuncien respecto al nombramiento de un izquierdista con inclinaciones estatistas como presidente de su directorio, cuya primera decisión ha sido nombrar gerente general a Óscar Vera, quien cuando fue ministro de Energía y Minas (en el actual Gobierno), abogó por sacar a flote Petroperú con más recursos fiscales.
Debemos precisar que las evaluaciones de las calificadoras son cruciales para que el Perú y su sector privado se mantengan como sujetos de crédito. Pero sus perspectivas no reflejan toda la realidad.
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