La violencia cotidiana con la que nos vemos obligados a convivir no se limita al crimen organizado ni a los delitos que ocupan los titulares policiales. Existe otra forma de inseguridad, menos discutida pero también visible, que surge cuando personas con poder político o económico reaccionan con agresividad frente a normas básicas de convivencia.
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Dos episodios recientes lo confirman. La congresista Kira Alcarraz enfrenta una indagación en la Comisión de Ética tras una agresión contra un fiscalizador del SAT durante una intervención vehicular. En paralelo, el empresario Manuel Acuña Forno agredió físicamente a la médica Renata Pulcha en un cruce peatonal de Miraflores luego de que ella reclamara el respeto a su derecho a cruzar la pista. En ambos casos hay una respuesta desproporcionada frente a una acción legítima.
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Los procesos de sanción, sin embargo, no son equivalentes. En el caso de Alcarraz, el Congreso ha anunciado una investigación en la Comisión de Ética. Corresponde que el proceso determine responsabilidades y sanciones, sin dilaciones ni interpretaciones complacientes o blindajes.
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El caso del empresario es más grave y amerita una condena social más contundente. Hubo persecución, agresión por la espalda, gritos, intento de impedir que la víctima registrara los hechos y una admisión posterior del ataque. Pese a las disculpas del empresario, no existe margen para atenuantes retóricos. La violencia fue física, directa y registrada en video.
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En ese contexto, el pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Lima resulta relevante. No solo condenó el hecho, sino que exigió sanción y respaldó a la víctima. Que esta posición provenga del propio ámbito empresarial es significativo, sobre todo considerando que el agresor es ejecutivo de APC Corporación, una empresa que –según su web– trabaja con grandes compañías como Antamina, Shougang, Volcan o Nexa. No se trata de trasladar responsabilidades, pero sí de recordar que la conducta individual tiene efectos reputacionales en entornos corporativos que declaran estándares de ética y gobernanza.
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Estos hechos nos llevan a ampliar el enfoque sobre inseguridad ciudadana. También generan riesgo el funcionario que confunde autoridad con privilegio y el empresario que responde con golpes ante un reclamo legítimo. Esas conductas, que hay que erradicar, solo normalizan el abuso.
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El problema se agrava en un escenario de creciente polarización rumbo a las próximas elecciones. Es usual que cuando la tensión política se traslada a la vida diaria, la agresión se convierta en un recurso frecuente. Es algo que hay que evitar. Y respecto a los casos mencionados, la ley debe aplicarse, las investigaciones deben avanzar y las sanciones deben ejecutarse. La prepotencia, venga de donde venga, no puede convertirse en una forma aceptada de impunidad.
