¿Muerte a la crisis?

Cambios. El jueves de la semana pasada, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso invocó la causal de “grave crisis política y conmoción interna” prevista en la Constitución de ese país para que el Gobierno pueda disolver la Asamblea Nacional (el Congreso ecuatoriano).

Lasso tomó esta decisión poco antes de que la Asamblea, que estaba dominada por la oposición, pueda tomar su decisión final en un juicio político que venía llevando en su contra.

A diferencia de lo que ocurre en Perú, el instrumento constitucional invocado por Lasso en Ecuador es conocido como ‘muerte cruzada’, pues la caída del Legislativo arrastra también al Ejecutivo (y lo mismo ocurre cuando el Legislativo destituye al presidente).

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Por ende, como consecuencia de la decisión de Lasso, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocará a nuevas elecciones generales en tres meses.

Si bien esta medida generó controversia desde el momento en que fue anunciada, poco tiempo después incluso líderes opositores, sin dejar de criticar a Lasso, celebraron la convocatoria a elecciones. El propio Rafael Correa, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter que los nuevos comicios serán una “gran oportunidad para librarnos de Lasso”.

Por su parte, Yaku Pérez, quien quedó a poco de superar a Lasso en la primera vuelta de la última elección, opinó que la aplicación de la ‘muerte cruzada’ “es un alivio para librarnos de Lasso”. En medio de esta coyuntura, no han faltado quienes han pretendido comparar este suceso con lo hecho por Pedro Castillo en diciembre.

No obstante, es evidente, para cualquiera que esté prestando atención, que una cosa es invocar un artículo constitucional para disolver el Congreso –lo cual puede ser controvertido– y otra muy distinta es pretender hacerlo desconociendo del todo la Constitución vigente, buscando instalar una Constitución nueva sin reglas claras y anunciando además la intervención de otros poderes y organismos autónomos.

Hacer esto último se llama golpe de Estado. Dicho esto, lo que sí podría dejarnos una lección importante del caso ecuatoriano será ver si las nuevas elecciones logran ser una solución para su crisis política.

De ser así, quizá adoptar la ‘muerte cruzada’ en Perú tanto para cuando se aplique la vacancia presidencial por incapacidad moral o un juicio político al presidente, como para la disolución constitucional del Congreso, podría ser una idea interesante.

Después de todo, la finalidad de instrumento es dejarle a la gente la posibilidad de resolver directamente la crisis, premiando con votos al sector político que haya defendido mejor la salida con más apoyo popular. Podría ayudar a aliviar mejor las tensiones.

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