Uno de los pasivos más importantes que hoy mantiene el Gobierno de Dina Boluarte son, sin duda, las críticas a la forma en que algunos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) respondieron durante las protestas ocurridas tanto a inicios de este año como en las últimas semanas. Más allá de que sea cierto que en varios casos hubo excesos y violencia de parte de los protestantes, la documentación sobre respuestas desproporcionadas de varios agentes policiales ha sido destacada por diversas organizaciones periodísticas independientes entre sí y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe recordar, sin embargo, que esta no es la primera vez que el Ejecutivo recibe críticas sobre ello en los últimos años. Excesos similares se habrían cometido durante el paro agrario en Ica durante el Gobierno de Francisco Sagasti; poco antes, durante las marchas contra el breve Gobierno de Manuel Merino; y, si retrocedemos más, también ocurrió lo mismo en distintas protestas durante los Gobiernos de Ollanta Humala y Alan García. No parece tratarse, pues, de un problema que se haya originado con la llegada al cargo de la actual presidenta.
Con este historial, lo esperable sería que si el actual Gobierno no emprende una reforma profunda, que implique tanto mejoras estructurales como mejores condiciones de trabajo y entrenamiento para los propios policías, difícilmente podría esperarse que un próximo Gobierno no afronte críticas similares en caso se desaten protestas. Más aún si estas llegan a ser violentas, lo que aumenta el incentivo en algunos agentes policiales de responder de la misma forma, o con sus propias armas, pese a que la ley les exige cumplir con criterios mínimos de razonabilidad y proporcionalidad (incluso en protestas violentas).
Ante este panorama, el actual Gobierno haría bien en plantear un plan para afrontar los problemas descritos. No desde una visión que pretenda identificar a la Policía como “los malos” en las situaciones de protesta, sino entendiendo que se trata de una institución que necesita una reestructuración organizacional, más inversión y el trabajo de profesionales serios para así poder funcionar mejor, considerando su situación real actual.
Si bien entre el 2012 y el 2016 se implementó un programa de aumento y unificación salarial (antes a los policías se les pagaba en varias categorías separadas, lo que dificultaba acumular un salario pensionable), hay todavía varios espacios de mejora. Y como reveló el año pasado al Congreso el teniente general PNP Luis Alberto Vergara, hoy hay apenas un policía por cada 500 ciudadanos. Mucho menos de lo necesario.
Todas las encuestas revelan que la seguridad es hoy una de las principales preocupaciones de los peruanos. El Gobierno debería demostrar con acciones que no los está ignorando.
