El pleno del Congreso entrará en receso este lunes, 15 de diciembre, y no volverá a juntarse hasta inicios de marzo. La gran mayoría de congresistas disfrutará de unas (in)merecidas vacaciones de dos meses y medio, aunque viéndolo por el lado positivo, probablemente habrá menos escándalos, destapes y “debates” de proyectos de ley que causan vergüenza ajena. No obstante, la producción legislativa continuará durante el verano y quizás se multiplique. Es que la semana pasada, el pleno otorgó facultades para dictar leyes tanto a la Comisión Permanente del propio Congreso como al Poder Ejecutivo.
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A partir del martes, la Comisión Permanente –integrada por 27 legisladores–, podrá legislar sobre dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el “orden del día” y en la agenda del pleno, así como los que se incluyan por acuerdo de la junta de portavoces. O sea, casi de todo. Sin embargo, la Constitución impone ciertos límites: no se podrá legislar sobre reforma constitucional, leyes orgánicas ni las leyes de Presupuesto y de Cuenta General de la República. Se entiende, entonces, que no se podrá aprobar leyes que eleven el gasto público, pero no debería descartarse alguna especie de “interpretación auténtica” que lo permita.
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Ya hay un tema programado para la Comisión Permanente. Según el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, el jueves se someterá a segunda y definitiva votación el dictamen que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026. En dicha sesión, agregó, se definirá si se ratifica, o no, la prórroga aprobada en primera votación, realizada en el pleno del 4 de diciembre. En otras palabras, es alto el riesgo de que los legisladores den marcha atrás (Gestión 10/12/2025). No es la primera vez que la Comisión Permanente es autorizada a legislar. Tampoco es novedad que el Congreso otorgue esa facultad al Ejecutivo –cuyas leyes se llaman “derechos legislativos–.
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De hecho, esas normas suelen contener exposiciones de motivos y análisis costo-beneficio elaborados con cuidado profesional, lo que rara vez ocurre con las leyes del Congreso. En esta ocasión, el Ejecutivo podrá promulgar decretos legislativos, durante 60 días calendario, sobre seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. De los 58 temas que incluyó el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo, el pleno aprobó 49. Esperemos que se convoque a especialistas y se promueva algo de debate.
