Desde que Dina Boluarte asumió el poder en diciembre del 2022 , se ha destacado mucho la debilidad intrínseca de su administración. Ello por varios motivos objetivos: poca capacidad de convocar a ministros idóneos, su impopularidad (que cada día crece más), o el hecho de no tener una bancada propia, sino aliados coyunturales en el Congreso de la República, por ejemplo.
Sin embargo, desde ese entonces, lo poco que quedaba de institucionalidad en el Ejecutivo tras el desastre castillista no solo ha continuado resquebrajándose, sino que ese resquebrajamiento se ha venido acelerando recientemente.
Boluarte no solo viene perdiendo la guerra contra el crimen organizado. Ni siquiera la está peleando. Este Diario, como otros medios y voces, dedicó varios textos críticos contra la ley aprobada por el Congreso que modificó la legislación contra el crimen organizado, básicamente en beneficio de los intereses de los delincuentes (ver editoriales del 10/07/2024 y 13/08/2024). El Gobierno, no obstante, ni siquiera se atrevió a observar la iniciativa, pese a las críticas de especialistas.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha estado más ocupado últimamente defendiéndose de las imputaciones de la Fiscalía en su contra. Pelear con periodistas y con el Ministerio Público ha primado en su agenda antes que preocuparse por presentar algún plan serio y técnico contra la inseguridad. Ni siquiera fue capaz de cuestionar con firmeza reglas tan absurdas como el que ahora, para realizar un allanamiento, deba esperarse la llegada de los abogados del allanado. O que se haya complejizado la definición de crimen organizado, o que se haya excluido de la posibilidad de considerar crimen organizado a delitos como la tala ilegal, enriquecimiento ilícito o tráfico ilícito de migrantes.
Mientras, todos los días conocemos nuevos casos de vidas perdidas frente a la delincuencia y la percepción de inseguridad de la gente se mantiene alta. Tanto para las personas de a pie como para empresas grandes y chicas: hace solo dos días falleció un agente de seguridad en un nuevo atentado con explosivos contra la Minera Poderosa en Pataz.
El paro de transportistas de ayer ha vuelto a despertar la frustración ciudadana frente a un Gobierno que ha perdido el control –de la delincuencia, de su mar, de su selva– y frente a una presidenta cuya desconexión solo se explica si sus pensamientos de verdad pasan más tiempo fuera del Perú que dentro de él. Endurecer las penas o más estados de emergencia sin estrategia alguna no llevará a nada.
Si quiere evitar que el país colapse, la presidenta necesita poner atención y tomar medidas urgentes. Lamentablemente, nada hace pensar que esta vez sí será capaz de hacerlo.
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