Falta de autoridad

SECUESTRO. Aunque varias notas se han escrito respecto a lo ocurrido en la comunidad de Palma, en Cajamarca, entre periodistas de “Cuarto Poder” y Ronderos del distrito de Chadín, aún hay varios aspectos por dilucidar sobre los que, al parecer, al Gobierno no le interesa profundizar.

Los primeros comentarios –y desacuerdos– son si se trató realmente de un secuestro, si los periodistas pidieron declaraciones a los miembros de la comunidad sin solicitar los permisos respectivos o si no respetaron su cultura. La discusión se ha desvirtuado tanto que incluso el premier dio unas dudosas declaraciones donde resaltaba la labor de las rondas campesinas sobre la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, existen dos puntos sobre los que es necesario poner una mayor atención. El primero es ¿cuál es el límite de actuación de las rondas campesinas? Es verdad que los ronderos responden al derecho consuetudinario, pero también es cierto que tienen un marco legal, el cual señala que, si bien gozan del respeto de su cultura y sus costumbres, no pueden violar los derechos fundamentales y en última instancia se rigen por las leyes que deben obedecer todos los peruanos, por lo que su actuación no puede violentar las normas legales existentes. Es decir, a pesar de las declaraciones de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P), las rondas sí pueden cometer el delito de secuestro, y si las investigaciones que está llevando adelante la fiscalía así lo determinan, deben ser sancionadas.

El segundo punto sobre el que el Gobierno ha preferido guardar silencio es respecto al comunicado que los periodistas se vieron obligados a redactar y leer por televisión. Si el malestar de los ronderos era que los periodistas ingresaron sin permiso e intentaron “acosar” a sus miembros para obtener declaraciones, lo correcto hubiese sido simplemente impedirles seguir haciendo su trabajo y expulsarlos, pero obligarlos a declarar a favor del Gobierno central y los familiares del presidente Castillo tratando de minimizar el caso de Yenifer Paredes denota un contenido político que se desdice de la supuesta autonomía que declaran tener las rondas campesinas.

¿Están los ronderos cumpliendo un rol político como defensores de Pedro Castillo?, ¿se ha perdido el liderazgo general en el cumplimiento de la ley? Quedan aún preguntas en el aire que requieren respuesta.