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Ayer el Congreso aprobó en segunda votación el proyecto que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de 2002. Esto a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), había requerido explícitamente al Estado peruano no adoptar dicha medida.
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De hecho, no solo la Corte IDH había hecho advertencias sobre este proyecto, sino también otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch, así como distintos especialistas. Principalmente porque la norma afectaría a cientos de víctimas de la época del terrorismo. Según el Ministerio Público, se afectarían más de 600 casos aún abiertos (justamente porque, si se considera de lesa humanidad, los delitos no prescriben). La norma beneficiaría a Alberto Fujimori (lo que probablemente haya motivado varios votos), a miembros de las Fuerzas Armadas y también a varios acusados de terrorismo.
Más allá de la opinión de fondo que uno pueda tener sobre este asunto y sus peligrosas consecuencias prácticas, algo que el Congreso no parece haber entendido es que los mandatos de la Corte IDH –así como los de cualquier otro organismo del que el Perú se haya hecho parte libremente–, no son una imposición extranjera, sino parte de nuestra legislación nacional. Así lo indica el artículo 55 de la Constitución (“Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”).
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Por ello, igual que con una decisión objetable del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, la forma correcta de hacerlo es respondiendo e impugnando la medida. No simplemente desconociéndola, como si eso mostrase algún signo de fuerza o unidad nacional. En realidad, lo único que el Estado peruano le demuestra al mundo con este tipo de decisiones es que es un país incapaz de cumplir con las reglas que este mismo ha acepado. Y que, cuando ello le convenga políticamente a quienes tengan el poder de turno, probablemente faltaremos a nuestros compromisos internacionales.
Es más lamentable aún que esta noticia haya llegado poco después de la positiva noticia que había sido el nombramiento del constitucionalista Alberto Borea como juez de la Corte IDH. ¿Cómo cree el Congreso que deja la imagen del país al ignorar de esta forma a una instancia en la que se acaba de nombrar juez a un peruano propuesto por este mismo Gobierno?
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El Perú no puede manejarse como un patio de secundaria. Existen reglas y formas que guardar, si no queremos ser considerados parias. Aun si discrepamos de ellas.
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