Una de las más recientes iniciativas del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha llamado la atención por el grave peligro que implica. Nos referimos a la propuesta de que la competencia de medir los indicadores no monetarios de la pobreza pase del INEI al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Algo que, de aprobarse, inevitablemente perjudicaría la credibilidad internacional de uno de nuestros principales indicadores económicos.
El INEI es una entidad que, si bien está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene un grado importante de autonomía y de prestigio propio. Esto último tanto a nivel nacional como internacional: como destacaron en una columna en Gestión el investigador Javier Escobal y el profesor Javier Herrera, el INEI ha recibido en el pasado el reconocimiento de entidades como el BID, CEPAL, el Banco Mundial y la OCDE.
Es por ello que llamó tanto la atención y generó tanta crítica lo ocurrido en mayo último, cuando el INEI retrasó la publicación de las cifras de pobreza “por razones de fuerza mayor”, lo que luego se denunció se había dado por presiones del Ejecutivo. Concretamente, según reveló Canal N, por decisión de la presidenta Dina Boluarte.
El solo hecho de que aquello haya ocurrido pudo haber afectado la confianza de la ciudadanía en los resultados. Ahora, en otras palabras, lo que está planteando el Gobierno es convertirse en juez y parte. Algo que probablemente se explique por su evidente incomodidad ante el hecho de que la publicación más reciente haya confirmado un aumento de la pobreza monetaria durante la gestión de Boluarte.
El peligro que el Gobierno parece ser incapaz de notar, sin embargo, es que esta nueva estrategia cortoplacista por mejorar su popularidad terminaría por perjudicar aún más la confianza en las cifras que reporta el Estado Peruano. Y perder esa confianza es mucho más fácil que recuperarla.
Esta pésima intención, de hecho, recuerda a las conocidas malas prácticas que mantuvo el Gobierno de Cristina Fernández en Argentina, quien manipuló sin pudor las cifras sobre inflación. Ello al punto de que publicaciones y organismos alrededor del mundo dejaron de trabajar con las cifras oficiales argentinas durante su administración, y pasaron a utilizar otros estimados del sector privado.
Es por ello que cualquier intento o acto que levante dudas sobre las cifras de pobreza debería cesar.
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