DINERO PÚBLICO. El fin de semana, el programa Cuarto Poder publicó un audio que puso al descubierto otro caso más de un congresista ‘mochasueldos’. Esta vez se trata del congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, el mismo que también es parte de ‘Los Niños’ y que viene siendo investigado penalmente por el presunto delito de peculado en agravio del Gobierno Regional de Puno, por el caso “Planillas falsas” del año 2009.
Flores Ancachi es el noveno congresista a quien se ha sorprendido cometiendo esta práctica desde que esta saga comenzó hace algunos meses (ver Editorial del 13/04/2023). Sin embargo, hasta el momento María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) es la única de este grupo que ha recibido alguna sanción. Y fue una que le impuso su propia bancada.
Por supuesto, si el asunto se analiza fríamente, no es una sorpresa que si varios congresistas de varias bancadas están involucrados en casos similares, estos hayan llegado a un acuerdo tácito de patear lo más posible la revisión de estos hechos, así como la posibilidad de que se llegue a sanciones muy graves. Sin embargo, lo que estos congresistas no parecen haber entendido –a juzgar por la forma en que tanto ellos como sus antecesores han normalizado esta práctica– es que ‘mochar sueldos’ es en la práctica un robo directo del dinero de nuestros impuestos.
En el sector público, a diferencia de lo que ocurre en el privado (en donde la regla general es que es posible hacer todo lo que no esté prohibido), los políticos y burócratas solo tienen permitido hacer aquello que la ley indica que pueden y deben hacer. Y como es evidente, la ley no le da a ninguna autoridad la potestad de tomar decisiones de este tipo sobre el presupuesto del personal a su cargo, pues el presupuesto que estas autoridades administran no es suyo, sino de todos los peruanos.
Por el contrario, cuando una autoridad –sea congresista, ministro, alcalde o de cualquier otro tipo– utiliza fondos que la ley indica que deben usarse para el salario de un funcionario público (quien sirve al Estado, no a la persona que ocupa el cargo de autoridad), lo que está haciendo es apropiarse de recursos públicos para satisfacer algún interés personal, no público. Por ejemplo, pagar sus deudas personales.
A estas alturas, sin embargo, la responsabilidad ya no es toda de los propios ‘mochasueldos’ sino de todos los parlamentarios. Si no vemos pronto sanciones claras, comprobaremos que una mayoría de los actuales congresistas está dispuesta a convivir con colegas que han sido sorprendidos robándole al país. Que la historia lo registre.
