La incertidumbre política que vive el país desde hace unos siete años terminó por trasladarse a la economía, y se convirtió en pérdida de confianza –tanto de empresas como de familias–, que desembocó en un enfriamiento que este año, agravado por anomalías climáticas cuyo impacto no se previno, se convirtió en recesión. Y un mercado que no ofrece perspectivas alentadoras para el corto y mediano plazo, provoca que las decisiones de inversión se cancelen o, en el mejor de los casos, se pospongan.
Este efecto se ha observado en las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (NVL), que este año decidieron repartir dividendos a sus accionistas por S/ 34,700 millones (Gestión 21/11/2023), monto que supera al récord previo, establecido el 2022 (S/ 32,920 millones), motivado también por la falta de oportunidades de inversión. Ese comportamiento no es “pesimismo absurdo”, sino que responde a una racionalidad muy clara: si las expectativas económicas del país no son buenas y si existe incertidumbre política, no tiene sentido reinvertir utilidades porque no está claro si esa inversión generará retornos.
El BCR proyecta que la inversión privada fija se contraerá 5.3% este año, marcando su segunda caída consecutiva. La disminución del 2022 (0.4%) fue causada por la ineptitud del Gobierno de Pedro Castillo y su hostilidad contra la empresa privada formal, además de un contexto externo muy complicado. Pero la de ahora parece sumar más factores, como la reacción tardía del Ejecutivo a los desastres naturales –que se está esforzando por enmendar– y, sobre todo, el accionar del Congreso. Un ejemplo es su decisión de convertir al Perú en “el país de los feriados”, lo cual agrega sobrecostos laborales que restan competitividad frente a otros mercados. Ni qué decir del hostigamiento a instituciones que no son de su agrado.
Hay otro capital que ha sido muy afectado por el deterioro de la confianza: el humano. Según cifras oficiales recogidas por el Instituto Peruano de Economía (IPE) y la BBC, el año pasado, 401,740 peruanos salieron del país y no han regresado, mientras que entre enero y junio de este año, ya habían emigrado 415,393, cantidad equivalente a casi cuatro veces el total del 2019. Entre los motivos de esas salidas figurarían la falta de oportunidades laborales adecuadas, la crisis política y, por supuesto, la inseguridad ciudadana, es decir, una desesperanza que no tiene nada de absurda. Son personas formadas y educadas en el país, pero será el que les dé acogida el que percibirá los retornos de esa inversión.
