PRESUPUESTO. “Es el primer presupuesto del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Contiene nuestra visión acerca de las prioridades, de los retos y de los objetivos concretos que tenemos para el año Fiscal 2024″, destacó el premier Alberto Otárola luego de que el Pleno del Congreso aprobara el Presupuesto Público del 2024, el jueves pasado. Una de esas prioridades, a juzgar por el trato brindado, sería mantener buenas relaciones con los congresistas, pues el Legislativo recibirá para el próximo año S/ 1,049 millones, nada menos que 40% más de lo contemplado en la propuesta inicial del MEF (S/ 748 millones).
Eso significa que, en promedio, cada legislador le costará a los peruanos S/ 8.07 millones. Cabe preguntarse a qué factores obedece ese enorme aumento –sobre todo en plena recesión– porque claramente no es un reconocimiento a la eficiencia. Al contrario, este Congreso se ha caracterizado por poner en riesgo la frágil institucionalidad del país y por traerse abajo, con sus cuestionables leyes, reformas como la educativa, tanto la escolar como la universitaria, y está a un paso de hacer lo mismo con la reforma electoral. También ha aumentado el número de feriados, medida que le resta competitividad a la economía peruana, además de mostrar una inquietante indiferencia ante problemas como la minería y la tala ilegales, y otras actividades ilícitas.
Con el incremento de su presupuesto, el Congreso recibirá casi tanto dinero como ministerios con funciones clave como Relaciones Exteriores (S/ 1,100 millones) y Ambiente (S/ 1,080 millones), aparte que dispondrá de muchos más recursos que otros como Cultura (S/ 738 millones) y Mincetur (S/ 575 millones) –que incluye S/ 256 millones para Promperú–. Queda para el análisis determinar si es más costoso aprobar leyes, con poco debate serio, y hacer control político, con la creación de infinidad de comisiones investigadoras, que promover las exportaciones y el turismo, recuperar la alicaída imagen externa del país o proteger nuestra diversidad cultural y natural.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior solo verá incrementarse su presupuesto en 1.5%, hasta S/ 11,270 millones. Si bien se ejecuta casi todo lo presupuestado contra la inseguridad –ese despacho y otros niveles gubernamentales–, lo que falta es una estrategia clara (Gestión 05.12.2023). El atentado contra la minera Poderosa y el incremento del crimen organizado prueban que no es suficiente con gastar, sino que hay que hacerlo con eficiencia. Por ejemplo, es imperativo repotenciar la labor de inteligencia de la Policía.
