Luego del reportaje de Panorama del último domingo, que hizo público un audio que revelaría una relación sentimental entre el premier Alberto Otárola y una mujer a quien contrató en el Ministerio de Defensa, la suerte del aún jefe del gabinete parece estar echada. Al cierre de esta edición, no se había confirmado aún su renuncia, pero había trascendido que la presidenta Dina Boluarte lo removerá del cargo.
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No es para menos. El audio sugiere que la joven Yaziré Pinedo, quien obtuvo contratos por S/53,000 en el 2023 en el mencionado ministerio y con quien Otárola había negado tener algún vínculo, en realidad sí habría tenido una relación personal antes de ser contratada por este Gobierno.
Más allá de eso, lo que queda claro es que Otárola habría incurrido en corrupción, al utilizar su cargo y recursos públicos para lograr un beneficio personal. No sería, además, un caso aislado. También en septiembre, cuando Panorama denunció originalmente el caso de Pinedo, el mismo programa reveló otro caso parecido entre Otárola y Rosa Rivera Bermeo, quien al igual que Pinedo había visitado en su despacho al premier antes de ganar contratos con Devida.
Por si esto fuese poco, este escándalo ha llegado poco después de que la Contraloría –que también ha emitido informes advirtiendo de las irregularidades en las contrataciones de Pinedo y Rivera– plantee severos cuestionamientos contra la Presidencia del Consejo de Ministros. Según informó el contralor Nelson Shack, solo en el 2023 el Estado destinó entre S/ 6,000 y S/7,000 millones para consultorías. “Casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones se hizo a dedo”, explicó Shack, y agregó que “se gastaron más de S/ 19,300 millones en 3.7 millones de contrataciones menores a 8 UIT”.
En total, la contraloría estimó que en el 2023 se habrían perdido S/24,268 millones por la corrupción. Frente a ello, en vez de dar las explicaciones del caso, Otárola había respondido a estos anuncios lanzando un ataque político contra la Contraloría, al sugerir que dicho organismo tenía S/1,600 millones guardados en una cuenta bancaria que podrían usarse para construir servicios médicos. En respuesta, la Contraloría afirmó que la acusación de Otárola era tendenciosa y buscaba desinformar.
Antes de que el aún premier tenga tiempo de aclarar estos cuestionamientos, no obstante, tal parece que su suerte ya estaría echada, por sus escándalos personales. Varios congresistas y bancadas ya han pedido su renuncia. Ciertamente, sería lo que corresponde.