INMUNIDAD. Apenas hace poco más de dos años, el Congreso de ese entonces eliminó finalmente la inmunidad parlamentaria. Como se recuerda, esta protección legal implicaba que los congresistas no podían ser procesados ni arrestados por los delitos comunes que cometieran mientras ejerzan su cargo y hasta un mes después.
Es decir, la protección no era para los delitos vinculados con su función (aquellos para los que se requiere un cargo público, como varios delitos de corrupción), pues de eso los protege el antejuicio político, que es otro instrumento que sigue existiendo. La inmunidad parlamentaria los protegía de delitos que cualquier persona puede cometer, como robar o matar, incluso si eran capturados en flagrancia (en cuyo caso solo se exigía un trámite más acelerado, pero que igual requería de la aprobación del resto de congresistas).
Pues bien, desde la semana pasada, un grupo de congresistas pretende restaurar este exagerado beneficio. Luego de tanto esfuerzo por que un Congreso por fin se decida a eliminarla, el solo hecho de que se esté proponiendo restaurarla sin mayor análisis previo ya resulta injustificable.
Pero esta noticia, además, tiene el agravante de que la iniciativa ha sido liderada por nueve de los 13 parlamentarios pertenecientes al grupo de “Los niños”, quienes presuntamente se aliaron a Pedro Castillo durante su Gobierno a cambio de favores aún bajo investigación. Aunque no son los únicos. La congresista Kelly Portalatino, por ejemplo, dijo estar de acuerdo con la idea y solo se limitó a lamentar que “no ha sido lo más correcto que el grupo parlamentario Acción Popular, con cuestionados procesos de investigación, sean los que hayan presentado el proyecto de ley porque se distorsiona el mensaje”. Esto como si no hubiese también en Perú Libre –y en otras bancadas– otros legisladores bajo investigación.
Como si esto fuese poco, por otro lado –y como hemos criticado en esta página en más de una oportunidad–, debemos considerar que este es justamente un Congreso que ha demostrado no tomar en serio denuncias serias con suficiente evidencia para iniciar investigaciones formales contra sus colegas. Recordemos sino el caso del congresista acusado por violación, que demoró meses en ser procesado sin que exista la inmunidad parlamentaria (¿cuánto más hubiese tomado si hubiese existido?). Y ni qué decir sobre el caso de los conocidos “mochasueldos”. Peor aún desde que el nuevo presidente del Congreso comentó que esos casos no tienen prioridad, pues no corresponden a su gestión.
Si el Congreso quiere evitar seguir echando leña al fuego de su impopularidad y del descontento de la gente hacia la democracia (lo que hace crecer cada vez más la posibilidad de que en la próxima elección gane otro líder autoritario), es inminente archivar esta propuesta infantil.
