Únete al canal de GestiónPRESUPUESTO. Si el MEF parece creer que con solo desearlo (y anunciarlo), la economía nacional se reactivará, en el Congreso parecen estar convencidos de que en el Perú el dinero cae del cielo –cual maná bíblico–, sobre todo si es para cubrir sus necesidades populistas, en el sentido de aprobar leyes que ordenan incrementos remunerativos para servidores públicos, aunque no tomen en cuenta la meritocracia. Ese ha sido uno de los objetivos principales de los últimos dos congresos, por lo menos, aunque tales medidas no les han servido para levantar su bien ganada impopularidad.
La semana pasada, la Comisión de Presupuesto aprobó el proyecto de ley del Presupuesto Público para el 2024, aunque con agregados impulsados por algunos legisladores que modifican los montos de gasto corriente previstos en el proyecto de ley original, que fue elaborado por el MEF y enviado al Legislativo para su debate en agosto pasado. El grueso de esos agregados corresponde a incrementos salariales para personal de salud y docentes, entre otros, que significarían un total de S/ 3,700 millones de gasto corriente adicional para el próximo año, según el IPE –y que se convertirían en una nueva carga para los próximos presupuestos–.
Si bien es cierto que la teoría recomienda aplicar políticas fiscales contracíclicas, que en el caso de existir enfriamiento o, peor, recesión, significa elevar el gasto público, esta medida tiene que implementarse de modo tal que se estimule a amplios sectores de la economía, lo cual se logra con mayor inversión pública, al tiempo que se implementen o refuercen programas de alivio para poblaciones vulnerables. El MEF ha estado atacando esos dos frentes, quizá con poco éxito en el primer caso, hasta ahora, porque los gobiernos subnacionales están en “periodo de aprendizaje”.
El titular del MEF, Alex Contreras, ha solicitado a los congresistas reevaluar las modificaciones que aumentan las remuneraciones, así como las que crean más unidades ejecutoras (Gestión 23.11.2023). Además, hay que tener en cuenta que si el Congreso busca aprobar mayor gasto, pese a que se proyecta que los ingresos del Tesoro público estarán casi congelados, en el mejor de los casos, eso implicaría poner en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales –el tope del déficit presupuestario para el 2024 es 2% del PBI–. La otra alternativa sería el endeudamiento público, pero es difícil que algún inversionista se anime a comprar bonos para financiar gasto corriente. El plazo para aprobar el Presupuesto 2024 vence este jueves. ¿Habrá algo de cordura?.
