INICIATIVAS APRESURADAS. La semana pasada el Congreso aprobó varias normas con la supuesta finalidad de combatir la inseguridad. Si bien algunas podrían en principio ser parte de una respuesta efectiva, preocupan el apresuramiento y falta de respaldo técnico con el que se han hecho estos cambios.
Entre las medidas aprobadas está, por ejemplo, la polémica ley que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables en el sistema penal. Si bien en teoría una norma como esta podría ser discutible, ¿realmente podemos esperar que tenga efectos en un país en donde hoy existe hacinamiento carcelario y las cárceles no resocializan sino que muchas veces terminan siendo escuelas del crimen?
Peor aún si consideramos que el problema actual no radica tanto en qué tan severas son o a quienes alcanzan las sanciones que ya existen hoy, sino que estas últimas actualmente ni siquiera se aplican en la mayoría de los casos. No es que no existan leyes que prohíban las extorsiones y el sicariato. Es que estas no se aplican. Peor aún luego de que se debilitara el marco legal que existía hasta hace poco contra el crimen organizado.
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Otra norma aprobada en este paquete contra la inseguridad fue la ley que busca evitar las detenciones de los policías que, al hacer uso de sus armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, provoquen la lesión o muerte de otras personas. Concretamente, la norma establece que ahora los fiscales se encuentran impedidos de solicitar la “detención preliminar judicial contra el personal de la PNP en situación de actividad que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte”.
El problema con esta última ley es que no se pone en escenarios en que exista un uso desproporcionado de la fuerza, y que terminan afectando la confianza de la ciudadanía en la policía. Además, la norma ni siquiera tendría una gran consecuencia práctica, pues en los casos en que la desproporcionalidad sea evidente, los jueces podrán utilizar ignorar esa ley por considerarla inconstitucional, como los habilita a hacerlo la Constitución.
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Se aprobaron también otros cambios como que ahora el servicio de delivery deberá registrarse ante municipios, con el supuesto fin de tener registradas a las motos, y algunos potencialmente positivos, como el congelamiento de cuentas vinculadas al delito de extorsión. Dicho esto, preocupa la falta de debate y de sustento técnico con el que se han aprobado estas iniciativas, además de que se trata de normas aisladas.
Si queremos combatir la inseguridad seriamente, lo que se necesita es un plan integral a largo plazo. De lo contrario, en la práctica se tratará solo de fuegos artificiales.
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