Cacocracia e institucionalidad

CONTRARREFORMAS. El gobierno de Pedro Castillo es inédito, pero por su grado de ineptitud. En menos de siete meses, ha tenido cuatro gabinetes. Y dentro de los ministerios, se han multiplicado las renuncias de viceministros y otros funcionarios de niveles altos y medios, que han dejado sus cargos vacantes durante meses o, en su defecto, han sido ocupados por personas sin experiencia y muchas veces con antecedentes policiales o judiciales. Esta penosa tendencia también se observa en ciertas empresas estatales y agencias gubernamentales.

Lo que se está gestando con esta inestabilidad es la destrucción de la institucionalidad pública, que estaba en proceso de formación –con vaivenes y altibajos, según cómo la afrontaron los gobiernos pasados–. Los continuos cambios de planas mayores en los ministerios no responden a ningún cambio en la “hoja de ruta”, porque tal cosa no existe; de hecho, es un término tabú para Castillo y el partido de gobierno. El principal motivo es el copamiento de buen número de entidades públicas con miembros o allegados a Perú Libre.

A falta de profesionales idóneos, habrá estancamiento en lo avanzado en años previos (en el mejor de los casos), o un peligroso retroceso cuyo efecto inmediato es el deterioro en la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, el MTC está revirtiendo la reforma del transporte público, Essalud y el Minsa han vuelto a descuidar la atención que no es por covid-19, y la delincuencia común se ha intensificado, en gran parte debido a los constantes cambios en el Mininter y la PNP, y la ausencia de una visión clara del problema y de cómo abordarlo.

El Congreso también está poniendo de su parte. El caso más notorio es la contrarreforma universitaria, promovida por partidos con ideologías opuestas, pero que defienden los mismos intereses –habrá que estar atentos a las eliminatorias para Catar–. Pero hay otras amenazas, como los cambios que debilitarían la colaboración eficaz y, por ende, la lucha contra la corrupción, que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Justicia.

Lo irónico es que el Congreso aprobó y el presidente promulgó (el lunes pasado) una ley de “idoneidad” para funcionarios públicos que, por supuesto, no incluye a los parlamentarios. La norma establece un plazo curioso (30 días) para que los funcionarios actuales se adecúen a los nuevos requisitos, pero Servir tiene 90 días para elaborar el reglamento respectivo. ¿Habrá renuncias en masa o el Ejecutivo se hará de la vista gorda? Lo cierto es que una “cacocracia” (gobierno de los ineptos) destruye la institucionalidad.