Hace algunas semanas lamentamos aquí que el Congreso haya finalmente publicado la ley que modificó la legislación contra el crimen organizado, que básicamente ha debilitado las herramientas que antes existían para enfrentarlo. Desde ese momento hasta hoy, varios políticos y otros personajes acusados de graves crímenes ya han buscado beneficiarse.
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Entre los primeros en hacerlo destacan algunos de los propios congresistas que aprobaron los cambios. Entre ellos, José Luna Gálvez de Podemos Perú, quien buscó archivar su investigación justamente por el delito de organización criminal en el caso de la inscripción de su partido, y los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón, investigados por el mismo delito en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. En primera instancia sus solicitudes no han sido aceptadas, pero se espera que continúen intentándolo. Otros políticos investigados por organización criminal son Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Nicanor Boluarte, Patricia Chirinos y ‘Los Niños’ de Acción Popular. Pero allí no acaba la lista.
Como había advertido el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías contra el crimen organizado, los cambios a la legislación contra el crimen organizado han puesto en riesgo más de 100 investigaciones. Estas últimas vinculadas con delitos con delitos tan graves como la estafa agravada, minería ilegal, extorsión, secuestro, asalto y otras actividades.
Por si esto fuese poco, además de los evidentes daños que esta norma viene haciendo en términos de seguridad ciudadana, otro aspecto que muchos políticos y otros líderes suelen ignorar es el impacto económico de este tipo de medidas. ¿Qué clase de seguridad se cree que proyecta un país cuyo Congreso aprueba sin pudor alguno una norma que tan claramente busca beneficiar a políticos investigados y a varios presuntos criminales?
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En un país con un contexto tan particular como el nuestro, en el que el la inseguridad ciudadana se ha mantenido como uno de los tres temas que más preocupan a la población desde hace más de una década, resulta particularmente inaudito que, lejos de fortalecer nuestras herramientas de lucha contra el crimen, un grupo de políticos haya conseguido debilitarlas. Mientras que otros, si bien no votan a favor, prefieran por algún motivo evitar oponerse abiertamente a normas claramente perjudiciales para el país.
Un país que no solo es inseguro, sino en el que las propias instituciones que deberían combatir la inseguridad más bien la favorecen, es un país menos atractivo para invertir. Y, por lo mismo, también para vivir.
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