La semana pasada, la Fiscalía de la Nación presentó ante la Corte Suprema una demanda en la que solicitó que se declare la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores ,Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R.O.). Ello considerando lo que indica el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que señala que la Corte Suprema puede tomar esta decisión cuando considere que las actividades de la organización en cuestión sean contrarias a los principios democráticos.
Cabe recordar que dicho partido quedó inscrito en diciembre pasado, lo que generó polémica por su evidente vínculo con Antauro Humala. Este último no solo ha sido declarado culpable de los delitos de homicidio y secuestro contra policías en el ‘Andahuaylazo’, sino que ha mantenido siempre una clara agenda antidemocrática. El movimiento político del que se declara líder, el “etnocacerismo”, es contrario a principios tan básicos como la igualdad ante la ley; y Humala incluso ha prometido entre sus propuestas el fusilamiento de “expresidentes corruptos” (incluyendo, según él mismo, a su hermano).
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En su momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dió luz verde a la inscripción del partido, alegando que el mismo no utilizaba las siglas A. N. T. A. U. R.O. en los documentos que presentó ante el Registro de Organizaciones Políticas. Además, indicó que Humala era solo un afiliado a dicho partido, no un dirigente. Y también, que el estatuto no contenía textualmente ideas antidemocráticas.
Estos argumentos, no obstante, son tan débiles como las credenciales democráticas de Antauro Humala. No se requiere ser detective para atar los hilos necesarios para entender que el hecho de que las iniciales del partido coincidan con el nombre del etnocacerista no es una casualidad. El hecho de que Humala no sea un directivo del partido, como también es evidente, no impide ni hace menos probable que este último sea elegido como el candidato presidencial.
Por último, si bien el partido puede no haber hecho explícitas sus intenciones de tumbar el Estado de Derecho y hacer todo lo posible por instalar una dictadura, basta revisar los antecedentes de los discursos, entrevistas y promesas públicas de Antauro Humala y sus aliados para saber cuáles son sus ideas. Y lo que intentarían hacer si en algún momento llegasen al poder.
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Si nuestra Constitución y la ley otorgan herramientas para que organismos como la Fiscalía, el Poder Judicial y el JNE cierren las puertas de la participación política ante casos realmente extremos, no es porque esta sea una idea que se nos haya ocurrido a nosotros. Es porque la historia reciente ha mostrado que las democracias modernas ya no suelen derrumbarse con tanques, sino ganando elecciones y luego, poco a poco, aniquilarlas desde el poder. La democracia no puede ser ingenua.
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