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Recientemente la congresista Rosselli Amuruz, de la bancada de Avanza País, reconoció que actualmente mantiene una relación sentimental con el excongresista Paul García (Acción Popular). Al hacerlo, lamentó tener que hablar de lo que consideró un “tema personal”, e incluso afirmó lo siguiente: “si no me equivoco es la primera vez que dan tanta importancia a un tema íntimo de una política”. Ocurre, no obstante, que la congresista se equivoca.
Primero porque no es la primera vez que la prensa indaga en relaciones personales para hacer preguntas sobre aparentes contrataciones indebidas. Basta recordar por ejemplo casos como los del ‘ministro del amor’, o las contrataciones de varios familiares de congresistas de Perú Libre y de la sobrina de Pedro Castillo en el MTC durante el Gobierno de este último.
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Y segundo, y más importante, es que la prensa está lejos de tener algún interés indebido en la vida privada de Amuruz. Más bien, es claro que lo que se le cuestiona es haber contratado en el Congreso a varias personas allegadas a su actual pareja, además de su aparente involucramiento en la organización fiesta de García de octubre último, en la que una persona falleció.
Amuruz se ha defendido alegando que García no era su pareja entonces, que no es su familiar y que, en su momento, él solo le sugirió nombres de personas que luego ella entrevistó. Pero es claro que tanto el alto número de personas cercanas a García contratadas (incluyendo a su hermana), como la propia relación sentimental, revelan conflictos que, cuando menos, ameritan ser investigados.
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En realidad, el error original en lo que respecta al Congreso es que se haya permitido que tanto este último como el Poder Judicial hayan sido excluidos de adecuarse a la nueva ley del Servicio Civil. Como se sabe, esta última reforma –pese a su lento avance– es el primer esfuerzo que existe en décadas por profesionalizar la contratación de personal en el Estado. Y mientras ella no se termine de implementar en todo el aparato público, será difícil pensar que el Congreso u otras entidades públicas al margen de este régimen puedan evitar que sigamos viendo casos parecidos, como los tantos ocurridos durante el Gobierno de Castillo.
Los contratos en el Estado se financian con el dinero de todos los peruanos. Por ello, es importante asegurar que los criterios de selección discriminen por competencias profesionales, más que por cercanías políticas o personales.
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A propósito de esto, justamente el actual Gobierno acaba de anunciar que, desde enero de 2024, todas las entidades del Poder Ejecutivo tendrán hasta 270 días calendario para transitar al nuevo régimen. Es justamente hacia ese camino que el Congreso –y el resto del Estado– debería seguir el mismo camino.
