Ayer el Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley que crea un nuevo Colegio de Politólogos, el cual pasaría a tener entre sus funciones representar y supervisar la labor de profesiones de las ciencias políticas en el Perú, certificar las competencias profesionales de sus integrantes y vigilar su desempeño profesional. En caso la norma llegue a entrar en vigencia –aún podría ser observada por el Ejecutivo–, también se establecería la colegiatura obligatoria para poder ejercer la carrera de ciencias políticas.
La idea resulta insólita y preocupante por varios motivos. Para empezar, es evidente que esta nueva burocracia agregaría costos de ingreso al mercado laboral para quienes decidan estudiar ciencias políticas. Esto, por supuesto, podría estar justificado por los eventuales beneficios que genere la norma. En este caso, sin embargo, ¿Qué problema se supone que se estaría resolviendo con la creación de este nuevo colegio profesional y exigiendo la colegiatura obligatoria? ¿Qué problema genera hoy la desregulación de politólogos?
Por otro lado, aun si existiese un problema real generado por la mala calidad de los politólogos, ¿acaso ocurre que los colegios profesionales hoy sirvan realmente como entidades capaces de otorgar algún certificado de calidad que sea apreciado por el mercado laboral? En los casos en que la ley no exige que la colegiatura sea obligatoria, como lo hace con Derecho o Medicina, normalmente no sucede que el mercado premie con mayores salarios a los profesionales colegiados, como sí lo hace con quienes tienen un mayor grado de instrucción.
El propio Tribunal Constitucional ha aclarado que, si bien la Constitución prevé que la ley establece los casos en que el ejercicio de una profesión requiere de colegiatura obligatoria, ello debe tener una razón de ser, como que el oficio requiera de una alta especialización y que exista un claro riesgo social si su ejercicio no se regula. Lo cual tiene sentido, pues se trata de un caso en el que el Estado está directamente limitando la libertad de contratar y trabajar de ciudadanos. Por ende, si ello va a ocurrir, debería existir una justificación razonable.
Así, más que solucionar algo, lo que el Congreso estaría logrando con este nuevo Colegio es crear una potencial nueva arma de censura contra la expresión de opiniones discrepantes a las de los grupos dominantes. ¿Qué asegura que este nuevo Colegio sí funcionará bien y no será capturado por grupos de interés como ya ocurre hoy en otros casos? ¿Y cómo asegurar que un organismo con poder de “certificar competencias” realmente lo haga guiado por estándares de calidad y no por criterios políticos?
En tiempos tan difíciles y tantas urgencias en frente, es irresponsable que el Congreso pierda el tiempo en una norma que solo logrará crear más burocracia y abrir la puerta al mercantilismo.
