La ineptitud del Gobierno de Dina Boluarte no es exclusiva del pésimo manejo de la crisis de inseguridad que está sufriendo el país. Los casos de inoperancia también están presentes en entidades que tienen responsabilidad en el manejo económico y social. Dos grandes proyectos de inversión están por ser inaugurados, el puerto de Chancay y el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC). Las empresas que los han construido, una de capitales chinos (estatales) y la otra de capitales alemanes, han cumplido con lo que ofrecieron.
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Lo contrario ocurrió con la infraestructura complementaria, que está a cargo del Estado peruano. En el caso del AIJC, figura el principal acceso, que será parte de un complejo vial que sigue en planos y recién estaría operativo dentro de dos años. En su lugar, se ha instalado dos puentes modulares, que según especialistas no podrán soportar el tráfico vehicular y se generarán embotellamientos –lo que incrementaría el riesgo de asaltos–. El responsable de la demora es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que desde septiembre del 2023 está a cargo de Raúl Pérez-Reyes, quien parece estar más interesado en mejorar la “estética” de los barrios que circundan el AIJC.
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La falta de previsión también alcanza a la Superintendencia Nacional de Migraciones, adscrita al Ministerio del Interior (Mininter), pues el espacio que tendrá en el nuevo terminal será menor al que tenía en el antiguo. Si se anticipa un aumento considerable de pasajeros, ¿por qué no se previó un área mayor para que realicen los trámites de ingreso y salida del país? Se podría pensar que la tecnología acelerará esas tareas, pero la adopción de métodos modernos de administración pública no es prioridad del Gobierno.
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La falta de infraestructura pública idónea en Chancay es otro pendiente. Y a las inadecuadas vías de acceso a la ciudad (responsabilidad del MTC), hay que sumar la necesidad de colegios, centros de salud, agua y alcantarillado, áreas verdes y un largo etcétera. Este mes se presentó un plan de desarrollo urbano, que imaginamos quedará en el papel. El Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis) ofreció en abril un plan de desarrollo social, desviándose de su tarea principal: administrar el gasto social. Por cierto, solo reacciona cuando la prensa destapa malos manejos.
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No podemos olvidar el descuido del patrimonio cultural –las invasiones de tierras en Caral continúan–, ni la desprotección de bosques, entre otros. La cacocracia (“gobierno de ineptos”) comenzó con Pedro Castillo, pero ha continuado con su sucesora.
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