Cabe recordar que en marzo el Congreso finalmente aprobó el retorno a la bicameralidad. Es decir, a que nuestro Poder Legislativo vuelva a estar compuesto por una Cámara de Diputados, con determinadas funciones y representantes elegidos de cierta forma, y un Senado, con funciones y representación diferentes.
Dicho esto, si bien los cambios que se requerían hacer en la Constitución ya fueron implementados, para que esta reforma pueda hacerse posible en la práctica todavía son necesarios varios pasos más. El primero es que el Congreso debata y apruebe las modificaciones que ahora son necesarias en las leyes electorales, para que estas sean otra vez compatibles con el nuevo texto constitucional.
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Actualmente, por ejemplo, la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas siguen diseñadas para la elección de un Congreso unicameral. Por lo mismo, los reglamentos más específicos que publica el JNE, que deben desarrollar esas leyes, tienen el mismo problema.
En el Perú los cambios a las leyes electorales solo pueden hacerse hasta un año antes de cada elección. Y, de acuerdo con la reforma constitucional que aprobó el retorno a la bicameralidad, esta debería implementarse apenas se convoque a las próximas elecciones generales.
Hasta el momento, sin embargo, existen varias preguntas básicas que la modificación aprobada en el texto constitucional no ha respondido: ¿a cuántos diputados y senadores elegiremos exactamente en la próxima elección? ¿A cuántos representantes elegiremos por cada distrito o circunscripción electoral en cada cámara? ¿Cuál será la regla electoral para elegirlos? ¿Se seguirán utilizando distritos plurinominales y una cifra repartidora? ¿O se elegirá por mayoría simple o mayoría absoluta con segunda vuelta en distritos uninominales o binominales?
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Todos esos detalles deberían estar claros en la ley, para que luego el JNE pueda aprobar los reglamentos necesarios con el tiempo suficiente. Lo responsable hubiese sido que el Congreso discuta estos cambios paralelamente con la reforma constitucional. Y que apruebe ambos al mismo tiempo, o con muy poco tiempo de diferencia. Pero la segunda mejor opción es discutirlo cuanto antes, más aún cuanto hoy ya no tenemos vicepresidentes y, por ende, si cualquier cosa le ocurriese a la mandataria, la Constitución obligaría a convocar “inmediatamente” a elecciones.
Antes de llegar a escenarios extremos, que nos traigan nuevas vergüenzas a nivel internacional, el Congreso haría bien en poner en agenda y priorizar el debate de estas reformas cuanto antes. Si no lo hace, estará incrementando el riesgo de un nuevo escenario de incertidumbre. Sin duda, lo último que el país necesita en este momento.