Editorial: Pies de plomo

Proyectos de infraestructura. Las obras de importantes concesiones de infraestructura avanzan con una lentitud exasperante y esos retrasos no obedecen a la falta de recursos o a la incapacidad técnica de las empresas que las construyen. El obstáculo es el concedente, es decir, el Estado peruano, que no logra sacudirse de la parsimonia con que trabaja su pesada burocracia.

No estamos hablando de casos aislados sino de un buen número de proyectos, entre ellos algunos que tendrán un fuerte impacto económico como la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Su construcción está paralizada porque el concedente –el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)– no termina de sanear los terrenos sobre los que se extenderá la obra. Algo similar estaría ocurriendo con la Línea 2 del Metro de Lima.

Otro caso grave es la modernización de la Carretera Central, que a pesar de haber sido concesionada el 2010, registra un avance de apenas 8.1% de los montos comprometidos. De nuevo, el retraso se debe a que el MTC solo ha entregado el 53% de los terrenos para ejecutar las obras de no puesta a punto (ONPA), además que hay pendiente un laudo arbitral sobre las obras de puesta a punto (OPA). Y hay más tramos de carreteras, en otras zonas del país, que tampoco avanzan según lo estipulado en los contratos de concesión.

Los aspectos técnicos son otra causa de las demoras. Los expedientes y estudios de ingeniería no son aprobados en los plazos previstos o reciben observaciones adicionales a las que exigen los estándares internacionales, además de los meses que dura la solución de interferencias (como la presencia de tuberías) y la superposición de autoridades. La cosa empeora si se descubren indicios de restos arqueológicos, pues hay que esperar a que el Ministerio de Cultura evalúe la situación y se pronuncie.

Las consecuencias son obvias. Los problemas del transporte se prolongan y los costos económicos aumentan, la congestión perdura y la eficiencia que las concesiones pretenden impulsar llega mucho más tarde de lo planificado. La solución también lo es: el Estado tiene que contar con profesionales especializados en expropiaciones y en evaluación de proyectos de gran envergadura. La lentitud nos está saliendo muy cara.