Escribe: Mercedes Araoz, profesora Investigadora de la Universidad del Pacífico
Durante años, el debate sobre el Estado en el Perú ha estado mal planteado. Se ha reducido a una discusión ideológica –más Estado o menos Estado– cuando el verdadero problema es otro: tenemos un Estado mal organizado, fragmentado y con capacidades debilitadas, incapaz de servir adecuadamente al ciudadano ni generar confianza en la institucionalidad pública.
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Uno de los principales nudos de esta ineficiencia es el diseño de nuestra descentralización. El país se organiza hoy en 1,874 distritos a nivel nacional, 196 provincias y 25 gobiernos regionales, una atomización que dificulta seriamente la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. La fragmentación territorial multiplica burocracias, dispersa recursos y diluye responsabilidades. El caso de Lima Metropolitana es ilustrativo: 43 distritos ejecutando obras inconexas, sin una visión integrada de transporte, seguridad, vivienda o servicios urbanos, pese a compartir una misma realidad conurbada.
No se trata de borrar identidades locales ni de recentralizar decisiones, sino de avanzar hacia circunscripciones más grandes y funcionales.
Pensar en una reforma del Estado exige, por tanto, repensar su organización territorial. No se trata de borrar identidades locales ni de recentralizar decisiones, sino de avanzar hacia circunscripciones más grandes y funcionales, capaces de planificar y proveer servicios públicos de manera eficiente. Las macroregiones, construidas alrededor de cuencas, corredores productivos, ecosistemas compartidos o realidades urbanas integradas, permitirían una gestión pública más coherente con la dinámica económica y social del territorio. Es cierto que el referendum del 2005 rechazó la integración regional. Sin embargo, con incentivos adecuados para la integración y beneficios claros para la población, esa decisión podría revisarse.
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Este rediseño territorial debe ir necesariamente de la mano de una reforma financiera y presupuestal. La descentralización fracasó en parte porque transfirió competencias sin capacidades ni recursos bien gestionados. Muchos gobiernos subnacionales carecen de una base sólida de recaudación, dependen excesivamente de transferencias y no cuentan con incentivos adecuados para generar ingresos propios –el caso emblemático es la pobre recaudación del impuesto predial en muchísimas circunscripciones–. A ello se suma el canon minero, cuyos recursos están mal distribuidos incluso entre distritos y provincias de una misma región receptora, generando enormes disparidades territoriales.
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Del lado del gasto, persisten problemas de baja calidad, obras inconclusas y servicios que no cierran brechas sociales. No sorprenden tampoco múltiples casos de devolución de fondos al tesoro, por mal manejo presupuestal –solo en el 2025 las regiones dejaron de gastar S/ 1,200 millones en proyectos de inversión–. Sin responsabilidad fiscal y sin capacidad de gestión, la autonomía se vuelve una ficción.
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Una reforma seria debe fortalecer la capacidad recaudatoria subnacional, promover la generación de recursos propios y articular de manera efectiva los tres niveles de gobierno a partir de la planificación territorial. El gasto público no puede seguir respondiendo a proyectos aislados ni a calendarios políticos; debe orientarse a cerrar brechas reales y culminar en servicios públicos efectivos para la población. En este punto, resulta imprescindible poner en el centro al servidor público, especialmente en regiones y municipios. Hoy, buena parte del aparato estatal subnacional opera sin una carrera pública sólida, con funcionarios infravalorados, mal remunerados o reemplazados sistemáticamente por “amigotes” del alcalde o del gobernador de turno. Esta precarización del servicio público –que también se observa en el nivel nacional– debilita la gestión, fomenta la improvisación y erosiona la confianza ciudadana.
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Un Estado que funciona requiere profesionales competentes, estables y comprometidos con el servicio al ciudadano, no operadores políticos temporales. Invertir en una carrera pública meritocrática no es un gasto innecesario: es una condición básica para mejorar resultados, reducir corrupción y recuperar legitimidad institucional. La eficiencia estatal no es un lujo tecnocrático ni un capricho fiscalista. Es una cuestión profundamente ética. Un Estado que no llega, que no coordina o que ejecuta mal también excluye. Y, al mismo tiempo, un Estado que presta servicios de calidad es el que convierte al ciudadano en contribuyente convencido, no en evasor resignado. Nadie paga impuestos con gusto cuando siente que el Estado no le devuelve nada.
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Reformar el Estado peruano es una tarea urgente y compleja, pero ineludible. Exige decisiones políticas valientes, acuerdos de mediano plazo y una mirada que combine eficiencia económica con responsabilidad social. Sin un Estado mejor diseñado, más profesional y más cercano al territorio, no habrá crecimiento sostenible ni cohesión social posible.
