La discusión sobre las facultades legislativas que el Poder Ejecutivo requiere no debería plantearse como una medición de fuerzas, y mucho menos como un tablero para el cálculo político. Las urgencias del país son múltiples. Tenemos encima un fenómeno de El Niño con consecuencias impredecibles y una inseguridad ciudadana cada vez más desbordada y amenazante; sin embargo, siendo estos problemas apremiantes no son, ni por asomo, los únicos. Un estado que, con excepción de escasas islas de eficiencia, se encuentra francamente descompuesto y un clima para las inversiones bastante deteriorado son parte de un primer inventario de dificultades no menores. De manera que se hace imperativo iniciar la recomposición de ese Estado corroído y el relanzamiento de una política de destrabe y seguridad jurídica para las inversiones.
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Por otro lado, los Congresos no han sido capaces de demostrar que pueden producir normas que solucionen problemas con la rapidez que el país requiere. El más claro ejemplo es la tantas veces postergada Ley MAPE. En razón a ello, y al derecho que asiste a un gobierno –que inicia su gestión– a impulsar sus propuestas políticas es que se justifica un otorgamiento de facultades lo suficientemente amplio; práctica que, además, opera en el país hace muchos años, y ante gobiernos de distintos colores. No se puede exigir a un gobierno que resuelva problemas, negándosele, a la vez, las herramientas que requiere para hacerlo. Eso no es defensa de fueros sino evidente matemática política que podría aproximarse al obstruccionismo.
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El país requiere que su Estado, a todo nivel, vuelva a funcionar para servir al ciudadano, solucionarle sus problemas, dotarlo de infraestructura para su desarrollo y de educación y salud de calidad. No es posible, como dijo el ministro de Vivienda ante el propio Congreso, que un proyecto de agua y saneamiento tarde 15 años en concretarse, o que tengamos a más del 70% de nuestra población económicamente activa en las garras de la informalidad, por dar sólo dos ejemplos.
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El país demanda cambios profundos; y para ello se hace vital retomar las reformas que fueron abandonadas, así como sustituir las trabas burocráticas y sobrerregulación por normas que agilicen los servicios del estado y el avance de los emprendimientos. El Perú tiene, como pocas veces, las puertas abiertas al desarrollo, sólo requiere de consensos políticos para despejar la ruta hacia el progreso. Una ruta que la mayoría de autoridades y representantes dicen vislumbrar, pero que en el fragor político parecieran perder de vista.
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Que grato sería ver acuerdos que produzcan resultados concretos para los ciudadanos. Cambiar esa historia de confrontación por un diálogo que permita a dos poderes, históricamente divorciados, mostrar logros como producto de una madura concertación. La permanente confrontación perjudica al país, sin duda, pero también a la percepción de la ciudadanía sobre sus políticos. Y eso parece no estar siendo adecuadamente ponderado. ¿Por qué no pensar en cambiar esa historia? Un buen acuerdo sobre delegación de facultades podría ser un buen inicio.
Jorge Zapata Ríos es presidente de la Confiep.
