¿Será diferente el 2022?

El 2022 se configura como un año de enormes retos, más aún si tomamos en cuenta los problemas que venimos acumulando durante décadas. Si bien, uno quisiera tener la esperanza de algún día darle la vuelta a esta tendencia, lo mostrado por el gobierno en estos casi 170 días es poco alentador. En efecto, hemos sido testigos de una clara actitud de querer exacerbar nuestras contradicciones, yendo por un discurso que nos aleja de las prioridades necesarias para reactivar sosteniblemente al país. La fuga de capitales por más de US$ 15 mil millones, lejos de ser una anécdota, se convierte en un claro reflejo de la desconfianza que nos rodea.

En lugar de encandilarse con celebraciones patéticas, basándonos en un crecimiento económico que recoge efectos de un rebote estadístico, el gobierno debiera realizar un serio acto de introspección sobre la mala gestión de expectativas económicas, entendiendo que sus efectos se plasmarán en un menor crecimiento potencial. Así, habrá que reconocer que los discursos estatizadores y de Asamblea Constituyente han significado una distracción innecesaria de tiempo y de recursos. Las acciones contrarias a la inversión minera desde el Ejecutivo, que mantuvieron en vilo decisiones de inversión por más de US$ 50 mil millones, han significado solo “llover sobre mojado”.

En esa misma línea de prioridades invertidas, el gobierno se lanzó absurdamente en una campaña para elevar cargas tributarias cuando la fragilidad económica se encuentra todavía a flor de piel. Si bien, estas intenciones no prosperaron a través del pedido de facultades, todo parece indicar que para el 2022 no hay ningún compromiso de enmienda y se pretende seguir insistiendo con el tema en el Congreso, ignorando que seguimos en pandemia, con un porcentaje importante de actividades económicas con restricciones.

A todo lo anterior hay que añadirle las señales de desprecio absoluto que ha dado el gobierno en materia de meritocracia con nombramientos cuestionables que no solo lo evidencia la prensa sino la propia Contraloría. Sumémosle también la renuncia o retroceso sobre reformas esenciales en favor del bienestar de la ciudadanía como las relacionadas al transporte y la educación. Tampoco puede pasar desapercibido la “visión sindicalista” de las políticas sectoriales tendientes a reivindicar beneficios que no se han ganado en base a productividad, y a la insistencia de subir el salario mínimo, cuando sus efectos en las condiciones actuales solo es óbice para mayor informalidad.

La política económica en base a repartir más bonos debería ir llegando a su fin, aunque como bien han aprendido nuestros políticos en los últimos dos años, la oportunidad del populismo llega con cada ola de contagios. Habiéndose declarado el inicio de la tercera ola, observamos otra vez iniciativas congresales para reiniciar el ciclo de retiros anticipados de los fondos de pensiones, olvidándonos de que ya se han aprobado cinco retiros por S/ 65 mil millones (9% del PBI) que impactarán sin duda a un menor crecimiento potencial y acelerará las decisiones de las clasificadoras de riesgo para rebajarnos nuestra valoración actual.

Y a todo lo anterior habrá que sumarle al 2022 un escenario internacional menos amigable, donde las principales economías ya están retirando sus políticas de estímulo, afectando la posición económica-financiera de países emergentes como el Perú. La gestión de la política monetaria y fiscal en estas condiciones será retadora, más aún teniendo en cuenta los riesgos de una inflación persistente que puede trascender hasta el 2023. Por el lado del Banco Central, las cosas brindan mayor confianza, dado su grado de independencia y su liderazgo de talla mundial. Por el lado fiscal, sin embargo, sí asoman preocupaciones, pues mirando más allá de la ilusión de una recaudación inflada por precios internacionales desorbitados, nos vamos dando cuenta de riesgos de pérdida de institucionalidad, tal como lo ha venido evidenciando el Consejo Fiscal, órgano independiente del marco de prudencia fiscal que tiene el Perú.

En un escenario donde las expectativas de inversión están deprimidas, y donde el Banco Central anticipa que la inversión privada no crecerá nada, es muy difícil ser optimista. No obstante, el gobierno todavía tiene la oportunidad de recapacitar y convencerse de la importancia de alentar una mayor competitividad que coadyuve a una mayor inversión privada; aquella que es la única de generar empleo, ingresos, reducción de la pobreza y menor desigualdad. Así, una de las áreas donde el gobierno puede contribuir decididamente es en la mejora de la efectividad del Estado, convirtiéndolo en un socio válido para sus ciudadanos, ejecutando adecuadamente los impuestos que recauda, y revitalizando el Contrato Social. La esperanza de contar con un Estado más eficiente no es un sueño tan disparatado para el 2022. Solo es cuestión de tomar la decisión de desprenderse de ideologías caducas y ponerse a trabajar de una vez.