Escribe: María Antonieta Merino, docente de la Universidad del Pacífico y Esan
Cada diciembre es común escuchar o leer sobre “rankings” o listados sobre lo mejor o lo peor durante un año. A puertas de cerrar este 2024, esta columna propone el “ranking de las peores normas 2024″, no sólo para evidenciarlas, sino también para llamar a la acción y que en el próximo año se priorice una regulación de mayor calidad y coherencia con el desarrollo del país. Aclaro que, por motivos de espacio, voy a tener que referirme sólo a algunas.
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Empiezo por las múltiples leyes que vienen siendo aprobadas periódicamente por el Congreso para crear universidades. Recientemente se aprobaron los Proyectos de Ley 8290/2023-CR, 8303/2023-CR y 9322/2024-CR para la creación de dos nuevas universidades públicas que, de lograr su licenciamiento, pasarían a formar parte de las 97 universidades licenciadas por la Sunedu. Si bien la educación es un factor fundamental de desarrollo, la creación de universidades no contribuye a este objetivo. En lugar de crear más universidades, sería más efectivo fortalecer la infraestructura, personal y calidad educativa de las ya existentes.
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En el segundo puesto se ubica el Decreto Supremo 116-2024-PCM que modifica el reglamento de la Ley Marco de los organismos reguladores de los servicios públicos. La ley contempla disposiciones para la designación y remoción de los miembros de los consejos directivos de estas entidades, a fin de asegurar su independencia y competencia técnica. A pesar de ello, el DS regula un procedimiento fuera del alcance de la ley para que la PCM designe “a dedo” a un miembro del consejo directivo en casos de vacancia o suspensión perfecta, debilitando la independencia de estos organismos reguladores. Esta medida es contraria a toda recomendación formulada por la OCDE, cuyos estudios muestran que los organismos reguladores fuertes y autónomos son pilares en cualquier economía moderna y debilitarlos compromete la confianza en el Estado.
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El primer lugar, sin lugar a duda, es para el Decreto de Urgencia 013-2024 que amplió hasta el 2025 el plazo de endeudamiento de corto plazo a Petroperú. Sobre este tema nos hemos referido en una anterior columna y son harto conocidos los impactos que el rescate de esta empresa estatal está ocasionando a la economía peruana.
Como elemento adicional o “bonus” incluyo al proyecto de ley 8112 que busca establecer la colegiatura obligatoria y la habilitación permanente para los profesionales titulados de las universidades para trabajar en el país. Como si no fueran suficientes las dificultades que muchos profesionales enfrentan para conseguir un trabajo, ahora se les cargaría una barrera más.
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Algunos coincidirán con este ranking, algunos otros no tanto; sin embargo, estoy segura de que todos compartimos la necesidad de que el próximo año el Estado mejore la calidad de sus regulaciones.
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