Escribe: Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú.
Cada vez que se debate un aumento del sueldo mínimo, la narrativa tiende a pintar al sector empleador como grandes corporaciones que buscan maximizar ganancias a expensas de sus trabajadores. Pero la realidad es muy distinta. Las microempresas, aquellas que emplean de uno a 10 trabajadores, representan el 99.5% del tejido empresarial en el Perú. Las pequeñas empresas, por su parte, constituyen apenas el 0.2%. Juntas, las micro y pequeñas empresas (mypes) emplean al 48.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), según un reciente informe de ComexPerú.
El objetivo de mejorar las condiciones laborales a través de un aumento del sueldo mínimo es loable, pero sus efectos podrían ser contraproducentes para la mayoría de las empresas en nuestra economía, la cuales aún atraviesan un período de recuperación.
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En 2023, las mypes enfrentaron un escenario complicado: cerca de 80,000 empresas dejaron de operar, y las que sobrevivieron vieron sus ventas caer un 1.5% respecto al 2022. Si comparamos con 2019, la caída es aún más pronunciada, con un retroceso del 5%. En este contexto, aumentar el salario mínimo significaría incrementar los costos laborales, lo que podría llevar a muchas mypes a reducir su personal o, en el peor de los casos, a cerrar sus puertas.
Además, en un entorno donde la informalidad es una constante –el 86.3% de las mypes son informales– y la productividad es baja, un aumento en los costos operativos solo desincentivaría la formalización. Esto se traduce en menos empleos de calidad y más trabajadores desprotegidos, perpetuando un círculo vicioso que afecta a millones de peruanos.
El perfil de los micro y pequeños empresarios también es revelador: el 53.4% de ellos inició su negocio por necesidad económica, no por oportunidad. Esto significa que muchas mypes simplemente no tienen la capacidad financiera para absorber un aumento de costos sin afectar negativamente su operación. De hecho, cualquier alza en el sueldo mínimo podría empujar a muchas de estas empresas a la informalidad, profundizando aún más el problema que se intenta resolver.
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En lugar de un aumento del sueldo mínimo, que podría terminar perjudicando a quienes se busca proteger, se deberían implementar medidas que incentiven la formalización y mejoren la productividad de las mypes. Esto incluye simplificar los trámites administrativos, facilitar el acceso a financiamiento y ofrecer capacitación empresarial, permitiendo que estas empresas crezcan y ofrezcan mejores condiciones laborales sin poner en riesgo su sostenibilidad. No es correcto afirmar que aumentar el sueldo mínimo incremente el valor del trabajo, como sostuvo el ministro de Trabajo hace unos días. La clave es la productividad.
El Perú necesita un enfoque integral que considere el impacto de las decisiones en todos los sectores de la economía. Aumentar el sueldo mínimo en un momento en que las mypes están luchando por sobrevivir no es la solución. En cambio, debemos centrarnos en políticas que fortalezcan a estas empresas, que son el motor de nuestra economía y el sustento de millones de familias peruanas.
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