Escribe: César Puntriano, socio del Estudio Muñiz
En términos generales, parecería que la cosa pinta bien. Al 2024, nos decía el exministro de Trabajo (MT) Daniel Maurate, la tasa de empleo formal se incrementó alrededor de 3 puntos porcentuales respecto al 2022, el empleo adecuado aumentó 1.7% y el subempleo se redujo en 2.7%. Según el INEI, a septiembre de este año, el empleo se incrementó en 1.9%. El BCR ha señalado que el empleo formal creció 4.7% en comparación al 2024 y el INEI ha sostenido que en el trimestre septiembre-octubre-noviembre del 2025, la población ocupada de Lima Metropolitana presentó una expansión de 4.2%, con relación a similar trimestre del año anterior.
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Pero, las cifras también revelaron que al cierre del 2024, uno de cada cinco jóvenes (15-29 años) son NINIS (ni estudian ni trabajan). Es decir, el 20.4%, cifra que excede en casi 8 puntos al 12.8% de países OCDE. Se advierte una falta de oportunidades para ellos, siendo peor la situación de las mujeres en dicho rango etario, cuyo porcentaje es de más del 25%. ¿Y el Estado? ¡No se oye, padre! El presupuesto para programas para capacitar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes ha caído en más del 60% del 2018 a la fecha, habiendo beneficiado en 2024 solo a más de 5,000 jóvenes. Los programas de empleo temporal del MTPE no capacitan a los jóvenes y por ello pierden atractivo. ¿Y qué hacen esos NINIS? Son un caldo de cultivo para la inseguridad ciudadana en muchos casos.
Los programas de empleo temporal del MTPE no capacitan a los jóvenes y por ello pierden atractivo. (IPE)
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Si echamos un vistazo a nivel de América Latina, CEPAL en una nueva edición del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, señala que en la región la desigualdad se refleja en un mercado laboral informal, segmentado, con baja productividad y con una marcada ausencia de oportunidades laborales. Además de intervenciones institucionales como simplificar trámites, tributos y reducir costos de formalidad, debe existir un crecimiento económico alto y sostenido. Este análisis es perfectamente aplicable a nuestro país. Es positiva la creación de empleo, pero necesitamos empleo decente, formal, así como una estrategia integral para reducir la informalidad. Y lamentablemente este 2025 no se ha hecho nada significativo.
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El Banco Mundial (BM), en el informe Tendencias recientes de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe 2025, revela que la informalidad laboral se mantiene estable o al alza en la mayoría de los países, y ello, como sabemos, ocurre en nuestro país. No hay protección social, ni mínimos de trabajo decente. El tema, por cierto, no solo es laboral pues estructuralmente seguimos en deuda en cuestiones relativos a salud, con una nueva alerta epidemiológica por el virus H3N2, el bajo nivel educativo, y la altísima inseguridad ciudadana. Todo abona para afrontar la informalidad.
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Y mientras tanto, el Poder Ejecutivo, desde el MTPE, y con ello me refiero tanto a lo ocurrido en el gobierno previo como a lo que va de este –que no debemos negar es transitorio–, no ha avanzado nada.
Lamentablemente, el Gobierno de Dina Boluarte no le puso ningún punche a la lucha contra la informalidad y nos dejó, con bombos y platillos, una estadística (¿?), subió la Remuneración Mínima Vital impactando a las microempresas, y además, el MT omitió la orden de la PCM de derogar a la nefasta restricción a la tercerización de actividades “nucleares” fijada por el D.S. No. 001-2022-TR (autoría de los Sres. Pedro Castillo y Betssy Chavez quienes se olvidaron del “siempre con el pueblo”) y nos ha puesto en una situación complicada en compás de espera de un importante fallo de la Corte Suprema que zanje el tema de una buena vez.
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¿Y el MT actual? Por lo menos en ese tema no sabe ni opina –al menos no públicamente–, pese a que el plazo para tomar la medida anotada venció el 17 de junio. ¿Y el Congreso? Con la mira puesta en las elecciones del año entrante nos ha dejado leyes antitécnicas en lo laboral que socavan la economía del país y el propio bolsillo de los peruanos, como el tiro de gracia a la CTS permitiendo su retiro total, el octavo retiro de fondos de las AFP, así como proyectos de ley populistas como uno que prohíbe la tercerización e intermediación para desarrollar actividades principales de la empresa principal, uno sobre el polígrafo en lo laboral muy restrictivo por cierto.
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Entonces la respuesta a la pregunta se confirma, y no solo otro año perdido, diremos que uno más. Lo que queda es la clásica esperanza en que las nuevas autoridades tomen en serio este asunto tan delicado e incorporen en sus planes a corto plazo la tarea. Ojalá así sea, ya veremos el año entrante, estaremos pendientes.
